La organización estatal tiene sus propios fines. Unos generales, de cualquier Estado, que se pueden resumir en el concepto de bien común. Otros específicos, que se relacionan con las características y necesidades propias y que se consiguen de acuerdo con los valores, principios y criterios que la respectiva sociedad establece y consigna en su Constitución.

La Constitución colombiana señala los fines del Estado en su preámbulo -“… fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana…”- y en su artículo 2 -“…servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”-.

Estos son fines permanentes. Pero siempre habrá unos objetivos concretos y prioritarios en el tiempo. Pueden coincidir con algunos de los permanentes. Dependen de situaciones o estados de cosas que exigen unas respuestas en las que se empeña la sociedad y a cuyo respecto se comprometen los gobiernos.

Entre los últimos mencionados ubicamos el objetivo fundamental, de hoy, del Estado colombiano: lograr la paz, tras cincuenta años de un conflicto violento y sangriento.

Ese propósito, claro está, exige condiciones y requisitos.

El que perseguimos -la paz- sería imposible sin la verdad. Sin el conocimiento por parte de la sociedad y de las víctimas del conflicto, acerca de lo que realmente ha ocurrido en el país en los últimos lustros por culpa de muchos sectores. Y sin la reparación.

De ahí la importancia de la Comisión de la Verdad y de todo lo que se dijo esta semana durante el Foro ‘Cultura de Paz y Justicia Transicional’. Como expresó el presidente Santos, todos los sectores sociales y políticos deben preguntarse su cuota de responsabilidad y contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Pero debe precisarse que los primeros obligados a ese reconocimiento son los victimarios. El llamado presidencial no puede llevarnos a olvidar quiénes son los principales responsables: guerrilleros, paramilitares, agentes estatales que hayan traicionado a la sociedad. La verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición –que son las bases esenciales del proceso de paz- tienen que comenzar por el reconocimiento que los victimarios hagan de sus crímenes y de los daños enormes que han causado a las víctimas, a la comunidad y al país.

Son precisamente esos victimarios quienes, ante todo, deben decir la verdad -pero no “a medias”, sino completa-; y responder, en efecto, reparando a las víctimas.

Desde luego, no hay víctimas de primera y segunda categoría. Todas -de la guerrilla, de los paramilitares, de los agentes estatales- deben estar en el mismo plano, conocer la verdad y obtener la reparación. Todo en busca del objetivo primordial de la Colombia de hoy: la paz.