Esta semana una sencilla noticia, de aparente corte deportivo y trivial, fue reproducida por los medios de todo el mundo. 30 segundos en un noticiero y menos de un cuarto de página en algunos diarios sustrajeron toda trascendencia a la nota sin comprender las delicadas consecuencias que su extrapolación podría contener. Se trata del caso de Eden Hazard, el futbolista belga del Chelsea de Inglaterra, quien decidió eliminar todo registro de su desastroso partido contra Argentina en Brasil 2014 echando mano ante los tribunales del “derecho al olvido”, cuya popularidad aumenta a zancadas en la Unión Europea.

Esta es la doctrina más reciente y destacada del Tribunal de Justicia europeo en lo que va del año. Todo arrancó en 2010, cuando el ciudadano español Mario Costeja demandó a Google y un periódico local porque al escribir su nombre en el motor de búsqueda los resultados direccionaban a un artículo sobre una subasta de bienes suyos producto de un embargo que hacía años se había resuelto a su favor. Costeja pidió que esa información fuera retirada de internet por afectar su buen nombre. Cuatro años después, en mayo pasado, su solicitud prosperó y se sentó el precedente del “derecho al olvido”, sobre la premisa de que desaparecer de la red en medio de un mundo cada vez más conectado, también era una opción.

Pero quedan varias preguntas desperdigadas en el aire dado el inevitable destino de que el “derecho al olvido” se abra paso en la jurisprudencia colombiana, gracias a que la imitación es nuestra mayor tradición jurídica. Si nuestros jueces empiezan a tutelar este derecho de nueva generación, siguiendo los lineamientos del exitoso habeas data, de forma indiscriminada y sin estándares claros que marquen la frontera blindada con la censura, podríamos estar ante la erosión paulatina de un pueblo al que de por sí ya le falla la memoria. Grandes pasajes de la historia política de Colombia podrían perderse en un futuro donde los libros de historia serán obsoletos y el verdadero cuento de nuestra nación se contará por los pasajes de Google.

¿Podría, por ejemplo, alegarlo la guerrilla una vez que se conviertan en partido político para erradicar cualquier vestigio de su pasado violento en la manigua? ¿Podrían los alcaldes, congresistas y hasta expresidentes exigir que se elimine toda referencia a investigaciones en su contra? ¿Podrían los Nule o cualquier otro cartel de cuello blanco pedir que una vez cumplida su condena de celofán no haya evidencia de la red de todo el escándalo en contra? El lindero no es claro ni siquiera en Europa, donde la información de Costeja y Hazard, a pesar de ser cierta, se esfumó para no volver jamás.

Nada se ha escrito sobre esto en nuestro ordenamiento y por ello antes de que el “derecho al olvido” haga su debut triunfal en la Corte Constitucional con cualquier alguna inesperada tutela, hay que dar el debate concienzudo de hasta qué punto en Colombia, donde la amnesia de nuestras pesadillas nos acerca un poco más a repetirlas, pesa más el deber del recuerdo.