Una verdadera catástrofe se cierne sobre el departamento del Tolima y miles de familias. Eso es ni más ni menos lo que en otras palabras alertó ayer este medio de comunicación en su página de Sucesos, al referir la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre el peligro inminente en que están los páramos de Cajamarca y de Las Hermosas.

Tal vez se pudiera pensar que es una noticia más o que simplemente hace parte de los hechos noticiosos a los que debemos acostumbrarnos por los efectos del llamado cambio climático; pero se trata nada más y nada menos que de la advertencia misma de que, a dicho cambio, se suma la acción irresponsable del hombre con sus actividades sobre aquellos lugares que hoy deberían haber sido declarados ya como reservas ambientales.

Toda una conmoción debe causar esto entre nuestras autoridades regionales, acciones inmediatas, comités, llamados, solicitudes y decisiones para preservar los dos lugares, debido a que se trata de evitar que el agua se siga evaporando y esos sitios, que son reservorio natural del vital líquido, se extingan o se sequen.

Según el informe del Igac, Cajamarca y Las Hermosas están en alto riesgo porque la agricultura ha extendido su frontera hasta llegar a predios que estaban destinados a la preservación natural de flora y fauna. Pero la otra actividad que pone en riesgo los páramos es la actividad minera.

Por tanto, peligran los ecosistemas a lo largo de más de cien mil hectáreas que abastecen de agua a cientos de miles de familias que la toman de los ríos, lagunas y quebradas que allí nacen.

Por considerarlo de importancia vital para nuestro conocimiento reproduzco aquí apartes del artículo reseñado por este rotativo ayer: “Según las 36 muestras de suelos obtenidas, los impactos negativos en ambos páramos reinaron en el 62 por ciento, del cual el 76 por ciento es por la quema del ecosistema para la cría de ganado, el nueve por ciento por agricultura, nueve por ciento por desarrollo rural y cuatro por ciento por la pérdida de la biodiversidad por la caza de especies silvestres. En esta zona, el Igac también evidenció conflictos por la explotación minera de oro por parte de multinacionales y problemas de orden público en el corregimiento Anaime”.

Pensaría uno que este nuevo informe del Instituto debe servir al Gobierno nacional, al Congreso de la República, a las altas cortes y a los gobiernos regionales a reflexionar sobre la importancia de la protección de esos territorios y sus fuentes de agua, la delimitación de dichas zonas y qué tipo de actividades se podrían ejecutar. Ese es un tema de la máxima importancia por encima, de lejos, de cualquier otro.

Ojalá ese buen llamado del Instituto sirva para crear más consciencia y enriquecer los debates públicos y privados, acerca de qué actividades económicas y mineras permitir o no en ciertas zonas de nuestro departamento.