La semana pasada, un medio de comunicación nacional, basado en el último informe sobre contratación pública elaborado por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, aseguró que el Tolima era el “departamento que mas entregaba contratos sin licitación”.

Dicha información fue categóricamente desmentida por la Administración departamental, que, con cifras en mano, aclaró que se había tratado de un error involuntario a la hora de enviar la información con la que se había elaborado dicho informe.

Naturalmente esa estruendosa noticia no pudo poner en entredicho la robusta legitimidad que el gobierno de Delgado Peñón ha logrado construir en los casi tres años de mandato, por lo que este episodio, más que significar un golpe a la credibilidad de su administración, sirvió como una valiosa oportunidad para destacar aspectos cuantitativos y cualitativos de la contratación de la entidad, que indudablemente son el fiel reflejo de una absoluta coherencia entre las actuaciones, y la transparencia y moralidad que se predica.

Las cifras reales dejan bien parado al Gobierno. Del total de la contratación, el 55% se ha surtido a través de licitaciones públicas y otros procesos de selección objetiva; el 27% mediante convenios interadministrativos con alcaldías, hospitales, instituciones educativas, y otras entidades públicas; el 9% bajo órdenes de prestación de servicios y el 9% restante lo ha ejecutado mediante la suscripción de convenios interinstitucionales con entidades de reconocida idoneidad y experiencia como el Comité de Cafeteros del Tolima o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud.

Por otra parte, la masiva participación de oferentes en los procesos licitatorios que adelanta el actual Gobierno pone de manifiesto la confianza que despierta la contratación de la entidad. En todas las 23 licitaciones que han sido ejecutadas hasta la fecha se han recibido 418 propuestas, lo que arroja un promedio superior a 18 proponentes por cada licitación. A ello se puede agregar que no se ha cernido manto de duda sobre prácticamente ninguna licitación, y que incluso muchos de los postulantes que no han logrado hacerse a los contratos, han reconocido la imparcialidad con la que actúa la entidad.

Pero eso no es todo. En la Gobernación del Tolima se han implementado estrategias para garantizar la visibilidad de la contratación, que superan las exigencias de la ley. Por ejemplo, no solo se publica el 100% de los contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, sino que también, a través de la página web de la entidad, se informa anticipadamente sobre las licitaciones que próximamente efectuará. Como si esto fuera poco, se instaló en pleno centro de Ibagué una pantalla al mejor estilo del Times Square de Nueva York, la cual también tiene el propósito de informar a los transeúntes sobre los detalles de las licitaciones, además de promover la pluralidad de oferentes.

Todo lo anterior denota una clara y efectiva política de transparencia al interior de la entidad departamental, que ha sido una constante desde el inicio de este gobierno, y que seguramente permanecerá incólume hasta su último día, porque aunque para algunos la transparencia sea una opción, para el actual gobierno es un deber legal y moral.