En la más reciente encuesta de Gallup sobre la imagen que tienen los colombianos de sus instituciones, las entidades representativas de la rama judicial del poder público salen muy mal libradas. La Fiscalía, las cortes Constitucional y Suprema, la Procuraduría y la Contraloría se rajan. La calificación negativa sobrepasa en todos los casos a la positiva.

El nivel de credibilidad de la opinión nacional en esos entes es muy bajo. Y tal resultado no es gratuito. Es la suma de hechos que han puesto en evidencia la proclividad de los servidores de los mismos establecimientos al abuso del poder, con recurrencia en el indebido aprovechamiento de los recursos confiados a su manejo.

Lo que ha pasado en el Consejo Superior de la Judicatura con el ‘carrusel de las pensiones’ en beneficio de unos cuantos escogidos como magistrados es un lunar delator de mala conducta. Las dudas que dejan fallos del Consejo de Estado también son indicios de marrullas intencionales.

No pocos actos del procurador Alejandro Ordóñez riñen con la ecuanimidad y el derecho. El amiguismo aplicado a la escogencia de magistrados para las altas cortes es contrario al rigor que debiera predominar a fin de garantizar la calidad en esas provisiones. Las llamadas puertas giratorias en unas y otras entidades configuran un sistema de recíprocos favorecimientos en detrimento de la transparencia y de la ética. A todo lo cual hay que sumar las versiones sobre presuntas venalidad, desfachatez, prevaricato y otros desvíos en la administración de justicia. Es un tejido algunas veces sinuoso, otras ostensible. Es lo que genera condiciones para la impunidad y le ha dado validez al proverbio popular, según el cual “la Justicia es para los de ruana”, o sea que su aplicación tiene vicios clasistas y está en función de intereses poderosos y no del derecho que debiera ser su esencia.

La Justicia, sometida a los dictados de la corrupción, se baja a la condición de una perra que muerde a los de abajo y permite privilegios que la resquebrajan y la hacen inocua o temible, según sean las palancas que la muevan.

Pero una sociedad desprovista de una Justicia confiable o que se surta a contravía del derecho, está expuesta a inquietantes riesgos. Y esto debe tomarse en cuenta ahora que se busca poner a Colombia en la vertiente de una paz con equidad.

Porque si no hay justicia, tampoco funcionará el Estado social de derecho. Sin jueces pulcros no se saldrá de la crisis. Mientras no se desmonte la corrupción no será posible la tierra prometida libre de frustraciones.