Por entonces, juiciosos análisis técnicos explicaron esta situación, con el razonamiento de que Ibagué no podía superar con su propio desarrollo económico, los aumentos en la oferta de mano de obra, que precipitaban problemas como, el retraso del sector agropecuario que afectaba a la región, y la caída de la industria, que también se precipitó al no poder sostener las unidades productivas, creadas al amparo de las exenciones establecidas luego de la tragedia de Armero, cuando la vigencia de estas prerrogativas terminó.

Aunque han pasado los años y las cosas han mejorado un poco, es evidente que el progreso en la materia ha sido muy limitado, por el contrario, Ibagué hoy sigue siendo una de las cinco ciudades con mayor desempleo, entre las que mide periódicamente el Dane. El índice de desocupación se acerca al 14 por ciento, con casi 40 mil personas cesantes, fenómeno que se acompaña de una actividad informal que ronda el 60 por ciento, lo que implica que existen alrededor de 150 mil informales, por 103 mil formalizados.

Lo anterior preocupa, puesto que se advierten hechos a nivel mundial, que indican que los tiempos del gran crecimiento económico del país están tocando su fin: los precios del petróleo se mantienen en decadencia y no se advierte que regresen pronto a los niveles del pasado reciente, se reafirma la independencia energética de los Estados Unidos, persisten las confrontaciones desestabilizantes en el Medio Oriente.

Además, las bajas tasas de interés en USA, que estimularon el ingreso de dólares en abundancia al país, siguen al alza y, el costo del posconflicto, que junto con la necesidad de atacar la inequidad que nos es propia, van a obligar al Gobierno a elevar cargas impositivas a los inversionistas actuales y potenciales.

Los anteriores factores de orden mundial afectarán al país en menor o mayor grado y la capital tolimense definitivamente, no se puede sustraer de este pernicioso efecto. Ojalá las cosas no resulten en la realidad, como ahora se ven venir.