Con las declaraciones de Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, la organización guerrillera ha expuesto sus criterios en torno a justicia, reparación y garantías de no repetición, sobre los que han gravitado criterios que van desde la impunidad total hasta el castigo con saña, esgrimidos muchos de ellos, no con el interés de contribuir a superar el conflicto social y armado que afecta a todo el país, sino con el antisocial propósito de mantener el lucrativo negocio de la guerra y preservar el statu quo que nos mantiene muy arriba en el medallero de los países más inequitativos.
Son aspectos que tendrán indudable incidencia en el desenlace de las conversaciones de La Habana, y por ello demandan la atención de la ciudadanía, que no quisiera ver frustrado un proceso de mayúscula significación y sobre el cual se ha avanzado tanto, simplemente porque algunas vacas quieran atravesarse en el camino donde yacen ya algunas mulas muertas.
Ha dicho Enrique Santiago, y hay que estar de acuerdo con su lógica, que “si alguna autoridad del país cree que debe haber pena de prisión, me imagino que lo estará pensando para todo el mundo y no solo para las Farc. Por tanto tendrán que dirigirse a aquellos a los que la justicia no ha perseguido”. Y agrega que “si este proceso de paz se plantea como el escenario para juzgar a una de las partes, por supuesto que (las Farc) lo van a rechazar”, porque ellas no están allí por haber sido derrotadas o haberse rendido.
Esas frases de Enrique Santiago constituyen el nudo gordiano del asunto, porque si bien contra miembros de las Farc hay un enorme número de sentencias condenatorias y, como consecuencia, de encarcelados, además de miles de abatidos, e incluso la fuerza pública cuenta con buen número de militares detenidos por los mal llamados casos de ‘falsos positivos’, gozan de la mayor impunidad “los instigadores del paramilitarismo, por un lado, y los grupos políticos que están detrás de las actuaciones del Estado, por el otro”.
Entonces queda abierto el debate. Justicia para las Farc e impunidad para los demás es muerte del proceso de paz. Si se quiere salvarlo, la solución no puede ser pijama de rayas para las Farc y poncho y perrero para los demás. La alternativa solo puede ser justicia para todos, entendiendo que justicia no quiere decir necesariamente rejas y que hay que buscar medidas alternativas, ninguna de las cuales puede ser proscripción de la vida política para guerrilleros que han hecho de su vida un compromiso por la transformación política del país a favor de las grandes mayorías.
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