Uno de los temas que más preocupan en materia de justicia es el funcionamiento del sistema penitenciario, cuyas principales falencias en aspectos como vigilancia y salubridad se derivan de sus altos niveles de hacinamiento. Durante mucho tiempo se ha buscado solucionarlo recurriendo a la edificación de más prisiones, sin que se haya conseguido los resultados esperados; eso ha llevado a que algunos piensen que en el país no se trabaja en la ampliación de la infraestructura penitenciaria, pese a que en los últimos 20 años la capacidad de nuestras cárceles ha crecido en 173 por ciento. Ese balance deficitario obedece a que solo se ha trabajado en una de las variables del problema (dónde alojar presos), pero se han descuidado otras igualmente importantes como el control de los ingresos a prisión. Basta recordar que en las dos últimas décadas el porcentaje de prisioneros ha aumentado en 315 por ciento, para entender que es inviable concentrar todos los esfuerzos en el incremento de centros de reclusión.
Por eso el Gobierno acaba de aprobar un Conpes que traza la política penitenciaria de los próximos años con base en una pluralidad de enfoques como los siguientes: aumento de los cupos carcelarios, racionalización de la detención preventiva, control al abuso del derecho penal, empleo de nuevas tecnologías y fortalecimiento de la resocialización. En cuanto al primer punto, se trabaja en la construcción de 15 mil nuevos cupos con recursos propios en este segundo cuatrienio y estamos avanzando en dos proyectos a través de Alianzas Público Privadas para la generación de seis mil 500 más.
Respecto de la detención preventiva, que representa un tercio de los privados de la libertad, este año se aprobó una ley que racionaliza su utilización, no solo fijando un término máximo que no existía, sino advirtiendo que sólo se podrá imponer cuando las otras medidas de aseguramiento resulten insuficientes. De esa manera se dejará su empleo solo para los casos en que sea indispensable y evitaremos que sigan proliferando las demandas contra el Estado por detenciones ilegales, que hoy son más de 18 mil con pretensiones económicas superiores a los 23 billones de pesos.
Con miras a reducir la reincidencia, estamos fortaleciendo los programas de resocialización y acabamos de crear ‘Casa Libertad’, institución que servirá para brindar opciones de empleo, desarrollo y crecimiento personal a quienes han cumplido su pena. Trabajamos en la ampliación de las salas de audiencias virtuales en las cárceles (ya contamos con 88) que nos permitan realizar audiencias de manera más económica, segura y eficiente. Desde el Consejo Nacional de Política Criminal revisamos con detenimiento todos los proyectos de ley con contenido penal, para asegurarnos de que no se abuse de su utilización. Finalmente, estamos apoyando a los municipios para la construcción de cárceles municipales destinadas a albergar solo personas de la región, sindicadas, como una forma más de humanizar la prisión y evitar que ellas y sus familias pierdan su arraigo como consecuencia de la privación. Con estas medidas, más las modificaciones que con el Ministerio de Salud se están haciendo para superar el problema sanitario de nuestros centros de reclusión, el gobierno del presidente Santos avanza en una reforma integral del sistema penitenciario.
Comentarios