La justicia no solamente cojea y tarda en llegar, sino que es impredecible el resultado de cualquier gestión ante un juez o una autoridad y no son raras las ocasiones en las que el sistema no ofrece soluciones o se presta para que el ciudadano no tenga forma de resolver su problema o de obtener justicia por los canales regulares. Por esto ha proliferado la tutela y está afectada seriamente la seguridad jurídica.
Un ciudadano avispado y bien conectado resolvió tomarse una calle en una ciudad de la Costa. Construyó un edificio de varios pisos sobre ella, dejando solamente un estrecho paso peatonal de acceso a las propiedades que quedan más adelante.
El vecino de un lote que sigue al que sirvió de pivote para la invasión no puede desarrollar su propiedad porque el paso que dejó libre el invasor que no permite el acceso vehicular. Acudió a la alcaldía menor y esta ordenó la restitución de la calle.
Pero el invasor contrató a un conocido exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura e interpuso con éxito demanda de pertenencia para obstaculizar la actuación de la alcaldía.
Un año más tarde el tribunal administrativo del departamento decretó medida cautelar de cesación de la ocupación de la calle, pero el pirata y sus abogados presentaron recurso de reposición y apelaron. El caso pasó al Consejo de Estado.
Un año más tarde sigue sin resolverse y sin ejecutarse la medida de restitución del espacio público. Otro afectado presento escrito de coadyuvancia ante el tribunal superior del distrito judicial, y se abrió a pruebas el proceso.
El invasor solicitó un informe técnico de la secretaría de planeación de la ciudad que dice que la calle invadida “se topa con el predio con referencia catastral No XXXX donde funciona la empresa ZZZZ [la del invasor] y a partir de ese punto disminuye” el ancho de la calle.
Un funcionario acucioso de la misma oficina que produjo este informe “técnico” llamó al abogado del quejoso y le aconsejó no seguir en el caso porque el invasor es muy amigo del “papá del alcalde”. La administración municipal no toma ninguna medida para que se restituya la vía y la ciudad recupere un espacio público que ha sido abusivamente ocupado por un avivato porque él posiblemente ha hecho correr la bola de que es muy cercano a la familia del alcalde.
Otro caso no relacionado es el de un grupo familiar al que se le dejó en herencia una propiedad en proindiviso que han querido desarrollar como un proyecto urbano. No lo han podido hacer porque los derechos herenciales de uno de los parientes fueron embargados en un juzgado antes de que saliera el juicio de sucesión y en la Registraduría de Instrumentos Públicos se registró equivocadamente el embargo sobre la cuota de este señor en el proindiviso, que ya había sido levantado en otro juzgado.
No ha habido forma de resolver el limbo jurídico en el cual se ha colocado esta propiedad. Los juzgados no están diseñados para resolver problemas sino para actuar como robots primitivos sin permitir que intervenga la inteligencia, el buen criterio o el deber de hacer justicia. Se podría reemplazar la mayor parte de los jueces por máquinas. No mejoraría la justicia pero costaría menos y caería la corrupción.
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