Las negociaciones que se adelantan con el propósito de poner punto final al conflicto armado no pueden excluirse del escrutinio público. Deben estar abiertas al debate, a la opinión libre de los ciudadanos. Pero a ese examen hay que poner también sensatez, realismo y racionalidad, en vez de incurrir en la satanización obsesiva como lo hacen algunos de los que se le oponen.
La paz es un derecho y como tal debe corresponder a las políticas del Estado no como función secundaria sino con la prioridad que la norma impone. Tanto más cuanto está demostrado lo desastroso de la violencia contra la vida y los bienes de las personas en lo individual y lo colectivo.
El empleo de las armas para dirimir diferencias es un recurso para el aniquilamiento. Lo ha padecido Colombia en varias etapas de su historia. Y ha llegado a la frustración y el agotamiento con la encrucijada en que quedó atrapada en los últimos 50 años.
El Centro Nacional de Memoria Histórica describe las dimensiones de la violencia del conflicto armado así: “Los desastres que medio siglo de guerra han dejado en Colombia han sido hasta ahora poco visibles. Muertes, destierros, destrucción y profundos dolores humanos son el legado que dejan los actores armados”. Además: “La magnitud de los daños que ha producido el conflicto armado se confunden con las otras múltiples violencias que vive nuestra sociedad. Sin embargo, la guerra ha sido estremecedora y tanto su larga permanencia entre nosotros como su degradación merecen una reflexión”.
Las diferentes organizaciones armadas ilegales, como lo son las guerrillas y los paramilitares, y la Fuerza Pública del Estado han ejercido todas las formas de violencia en sus acciones de confrontación entre ellas mismas y en sus escaladas de linchamiento a la población civil.
Es contra esas prácticas de represión y esas ejecuciones a sangre y fuego que debe construirse la paz. Y no se trata solamente de la dejación de las armas. La reconciliación es mucho más que eso. Es el desmonte de todo aquello que genere exclusión o que cree desigualdad en la sociedad. Es remediar la pobreza con base en el trabajo productivo y garantizar educación, salud y satisfacciones esenciales a todas las personas. Es fortalecer la democracia y abolir las prácticas de corrupción y de degradación política.
Será necesario también entender que a quienes se reintegran a la legalidad hay que garantizarles sus derechos a plenitud. No se les debe discriminar ni tienen por qué ser sometidos a revanchismos vengativos. Es mejor dejar atrás la historia de las confrontaciones y las violencias para aprender a compartir los bienes de la vida con espíritu de solidaridad.
El rechazo a las posibilidades de paz es un adefesio vergonzoso.
PUNTADA
El fanatismo religioso está en la escala del oscurantismo, cualquiera sea el credo. Lleva, por degeneración, al terrorismo, como ocurrió en la noche del viernes en París. Si fueron islamitas los actores de esa barbarie, allí está la confirmación.
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