El artículo 86 de la Ley 30 de 1992  señala que las Universidades oficiales “recibirán anualmente aportes del presupuesto nacional, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes  a partir de 1993, incrementando solamente el Índice de Precio al Consumidor, cada año”;  es evidente que las Universidades caen en déficit cuando los recursos que se transfieren siguen siendo los mismos de  hace dos décadas y media, con el agravante de que el IPC anual, se ajusta y es adicionado en el presupuesto de la siguiente vigencia, cuando ya las universidades han debido asumir cada año el sobrecosto. Es un modelo de financiación de las IES que ya es obsoleto y disfuncional.

El traslado presupuestal que corresponde al descuento del 10 por ciento en la matrícula de quienes presentan su certificado de votación, en buen porcentaje lo asume cada institución, puesto que la Nación no hace los giros totales, hecho que disminuye en 10 por ciento los presupuestos.

A pesar de esto, las universidades en general han crecido ampliamente en cobertura, cumplen indicadores que pretenden la Acreditación de Calidad, que resulta obligatoria ante la necesidad de posicionarse o morir como objeto a tener en cuenta para proyectos de alto impacto económico, académico y social.Para lograr la Acreditación de programas y en consecuencia la Institucional, la exigencia de contar con docentes de planta con alta formación, ha sido cada día más enfática, a cuanto  se agrega la cualificación docente,  docentes ocasionales, docentes en comisión de estudios, becarios, movilidad internacional,  publicaciones,  indexación de revistas, pago de estímulos salariales y bonificaciones, que han generado incremento en los costos. Las transferencias nacionales no dan para todo esto.

También, es una necesidad aumentar disponibilidad de infraestructura física y tecnológica, condiciones dignas, contratación de catedráticos y administrativos, bienestar universitario, pago de servicios públicos, seguros, impuestos, mantenimiento de infraestructura, que, sumando, se ha demostrado que generan déficit en la Educación Superior Estatal.Por lo anterior, es urgente una reforma desde el Ministerio de Educación, que incremente las transferencias y permita continuar desarrollando las políticas estatales que suponen un reto.

Para el caso específico de la Universidad del Tolima, es más que urgente la participación del Ministerio y la Presidencia, puesto que son los llamados a encontrar una solución inmediata ante la crisis que afecta de manera profunda a más de un millar de familias que hacen parte de los docentes, administrativos y estudiantes.  No es posible que se hable de paz y postconflicto, y se deje como un tema de poca monta la difícil situación financiera de la única Universidad oficial de la región, con amplia cobertura y con presencia en 22 departamentos del país. 

Señora ministra Gina Parody, señor presidente Juan Manuel Santos, ustedes tienen la palabra.