La sobredimensionada crisis venezolana dio para pensar en mayúsculos desfiles en la semana del 8 al 14 de mayo. No hubo tal. Aunque fueron caudalosos, no superaron los que avivaban al Comandante Chávez, pero tampoco los que movía el gran capital como táctica de retorno a políticas que ampliaban la brecha entre pobres y ricos.
Durante los últimos años, los venezolanos han encontrado que los problemas heredados de tiempos anteriores a Chávez pueden resolverse, si en lugar del régimen de explotación existente, se instaura otro al servicio del pueblo. Instituciones como las Misiones, Mercal, Pedeval, entre otras, así lo demuestran. Han beneficiado a millones de personas que antes no intuían siquiera que sus necesidades básicas eran un derecho fundamental de satisfacción obligada por parte del Estado.
Lamentablemente, todos no lo han entendido así. Muchos aún creen que la responsabilidad por los males de hoy es del “mal gobierno”, sin comprender su verdadero origen. Ha faltado concientización suficiente para que se comprenda que son consecuencia del régimen de explotación bajo el cual viven y de los obstáculos criminales puestos en el camino de las transformaciones por los mismos oligarcas que hoy los llevan a la protesta.
A propósito de lo anterior, esas oligarquías, siempre atentas a servirse de cualquier rendija que encuentren por el camino, aprovecharon su dominio en la Asamblea Nacional para expedir una ley que ordenaba escriturar un millón 700 mil viviendas a quienes las han recibido del Gobierno. Por fortuna, pronto se descubrió el veneno de esa ley, consistente en acabar con la inembargabilidad de tales viviendas y convertirlas en el más enorme y apetitoso nicho para el mercado financiero.
Esas son las soluciones que pueden esperarse de la oposición al gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, y así lo percibieron los miles de caraqueños que salieron el 11 de mayo a festejar el fallo de inconstitucionalidad de tan nefasta ley.
Pero como también salieron por aparte miles de opositores, le corresponde a Maduro asumir su obligación de pavimentarle las vías a la revolución. En tal sentido, debe ponerle fin a notorias manifestaciones de corrupción presentadas en su Gobierno, elevar la participación de los trabajadores en la toma de decisiones políticas y, sobre todo, ponerle fin a ese cierto espíritu conciliador que se percibe a través de la presencia de no pocos personajes de la derecha en su Gobierno, los cuales, en lugar de defender las políticas oficiales, se ponen del lado de intereses manifiestamente contrarios al proceso.
Nada de lo anterior puede continuar si se quiere transformar la presente revolución progresista, democrática y antimperialista en la Segunda Revolución Socialista que tanto deseamos los demócratas.
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