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¿De qué manera escribir una columna acerca de la consulta minera de Ibagué, sin que sus líneas se conviertan en munición para insultos, señalamientos, desprestigio y persecución? Sin duda no es fácil en una región tan polarizada, y sobre todo en una época preplebiscito, en la que la apasionada pugnacidad del lenguaje ha logrado imponerse sobre la respetuosa mesura del análisis.
Hablar de minería en el Tolima, para algunos significa hablar de desarrollo y nuevas oportunidades laborales, para muchos otros significa hablar de un tema totalmente desconocido; que de un momento a otro y de cuenta de algunos que tampoco saben mucho, es el tema de moda, el tema que pone o quita votos; el tema que recicla quemados de batallas electorales pasadas o catapulta nuevas estrellas del arte de gobernar.
Pero la realidad de la minería en nuestra región, y en Colombia en general, está lejos de ser una discusión o un análisis de oportunismo político electoral. La realidad de la minería en Colombia debe verse de manera obligada desde su contexto histórico y desde su inmenso potencial no industrializado.
No podemos olvidar que en Colombia el 65 por ciento de la minería que se hace es ilegal, otro 15 por ciento es minería artesanal, y el restante 20 por ciento es minería legal, industrial, con altos estándares, con buenas prácticas y a gran escala.
De las tres, la última es la única que lleva a cabo estudios de impacto, que trabaja con criterio de responsabilidad para obtener una licencia ambiental, que paga impuestos y que genera encadenamientos industriales y empresariales que promueven el desarrollo de las regiones.
Entonces, con base en lo anterior y tomando como punto de partida el potencial minero del país, lo lógico sería que los esfuerzos de los gobiernos nacional, regional y local estuvieran dirigidos a erradicar la minería ilegal, legalizar la minería informal y fortalecer la minería legal.
Sin embargo, cuando en el panorama aparecen iniciativas como la consulta minera que se realizará en Ibagué en el mes de octubre, la primera pregunta que debemos hacernos es si ¿dicha consulta persigue el verdadero interés de combatir la minería ilegal, sus desastrosos impactos al medio ambiente y su capacidad de financiar el conflicto armado colombiano? Si esa es la motivación, sería ilógico no apoyarla y todos deberíamos movilizarnos en su respaldo.
Por el contrario, si la motivación de la consulta popular es combatir la minería legal, industrial, que compensa los impactos que ocasiona, que paga impuestos y aporta al desarrollo de las regiones, sería irresponsable seguirles el juego; porque en ese sentido detener la minería legal para promover la ilegal, sería apoyar de facto un negocio más rentable e igual de nefasto que el narcotráfico.
Así las cosas, es menester de la sociedad y de la industria plantearse con urgencia este debate, pues todas las monedas tienen dos caras y por eso cuando una consulta de origen popular pasa a ser liderada por políticos “renovadores”, a los electores no nos queda más que leer muy bien y pensar muy mal.
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