En 1991 se produjo en Colombia una revolución pacífica. Quizás por ello muchas personas no se dieron cuenta ni la valoran en toda su dimensión, pero la carta política de ese año, con principios y valores diferentes a la de 1886, fue eso, una revolución. Han pasado 25 años y, curiosamente, algunos sectores políticos y económicos todavía no se enteran y continúan aferrados a los dogmas de Núñez y Caro.
La carta del 91 consagró un sistema de democracia participativa. Eso lo cambia todo. El pueblo no entrega a sus representantes poderes absolutos para que puedan hacer y deshacer. De hecho, se reserva el derecho a participar en las decisiones que lo afectan (Art. 2º), y puede revocarles el mandato. Para garantizar el ejercicio de ese derecho creó diferentes mecanismos, los principales pero no los únicos, los recoge en el artículo 103: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.
Ahora bien, una cosa son los cambios normativos y otra los cambios culturales. La Constitución consagró la democracia participativa, pero la creación de una cultura democrática toma tiempo. Mucho de esto ha pasado en Colombia. Estamos presenciando una apropiación casi tardía del espíritu constitucional del 91. La protesta social está registrando en Colombia un salto cualitativo muy grande, pasando de las vías de hecho, a las vías de derecho, de la piedra a la pluma. De allí la impopularidad de las guerrillas o del abuso de la fuerza por parte del Estado.
Otra institución relevante del 91 es la autonomía territorial (Art. 1º). Los municipios dejaron de ser menores de edad. Los conflictos que se están dando entre poder central y poder local en torno a la explotación de los recursos naturales, hacen parte de esto. El Estado central, a través de sus agencias, asigna áreas de exploración sin tener en cuenta la opinión del territorio. ¿La opinión del territorio? Sí. El territorio es más que el suelo. Es gente, es historia, son relaciones e intereses, son recursos y se debe tener en cuenta y consultar a la hora de tomar decisiones. El derecho a la participación y la autonomía territorial se vienen estrenando, y ello obliga a todos a generar una nueva cultura política basada en el diálogo, el respeto por el otro y las relaciones horizontales. Estamos aprendiendo, a resolver de forma pacífica las tensiones naturales entre desarrollo y medio ambiente. Todo esto tiene el riesgo de ser instrumentalizado con fines electorales o por intereses personales. Los dilemas oro o agua, agua o petróleo, son falsos. Es posible tener agua, oro y petróleo. Pero para ello muchas cosas tendrán que cambiar en el Estado central y en las empresas. Para empezar, abandonar su arrogancia y cambiar la mirada colonialista hacia las regiones. Se requiere un nuevo modelo de relacionamiento territorial. A los ciudadanos hay que escucharlos, y sobre todo, ayudarles a que se liberen de quienes los suplantan, enarbolando nobles banderas.
Una pregunta inocente: ¿Contra la minería ilegal, que es mayoritaria en Colombia, caben las consultas populares? Necesitamos hablar, para desde la legalidad defender el medio ambiente.
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