Economista
El extractivismo en Colombia había asumido la forma de una estrategia económica: la locomotora minera. Hoy se puede afirmar que ésta se ha descarrilado y, en el corto plazo, no parece viable que vuelva a ponerse en marcha.
Las políticas extractivistas se pusieron de moda como una nueva fase de la explotación inmisericorde de los recursos naturales a la usanza de viejas prácticas de imperialismo económico que promueven su explotación por multinacionales que se los apropian a su favor con la complicidad de minorías oligárquicas que los entregan por pequeñas prebendas en contra de la mayoría de la nación.
Ese es el trasfondo de la entrega de títulos mineros a las multinacionales de todo orden que se realizó con gran premura durante las dos administraciones de Uribe y que se trató de continuar en las administraciones del presidente Santos.
Sus decisiones se soportaban en la continuidad de los principios de la Constitución Política de 1886, que bajo la óptica de una democracia restringida y un estado centralista, suponía que la soberanía radicaba en el gobierno central, que tenía la potestad de decidir sobre el uso y aprovechamiento del subsuelo y que como riqueza era de toda la nación colombiana, por lo cual no se tenía que tomar en cuenta las opiniones y decisiones de los habitantes residentes y del territorio donde esos recursos naturales habían sido descubiertos.
Esos principios, que estuvieron vigentes en nuestro país por más de 100 años, los seguían esgrimiendo los funcionarios nacionales y algunos entes de control, desconociendo la esencia de los cambios constitucionales que habían sido implantados desde 1991, que estableció que la soberanía radica en el pueblo, que el Estado se organiza de manera descentralizada y que la democracia no solo es representativa sino también participativa y que por tanto, sobre las decisiones vitales y estratégicas de las administraciones municipales y territoriales no solo deben sino que tienen que consultar al soberano primario, que las entidades territoriales pueden decidir sobre el aprovechamiento del subsuelo y que las consultas populares son instrumentos idóneos para tomar estas decisiones. La Corte Constitucional ha avalado estos principios y lo que solo hace pocos meses eran considerado delito, en la actualidad se ha convertido en opciones viables y necesarias para decidir el futuro de los territorios y su decisión de usar y aprovechar sus recursos naturales.
Este empoderamiento de la democracia participativa ha ido de la mano de la creciente conciencia que la estructura del negocio minero extractivista no deja bases sostenibles de desarrollo y que sus excedentes económicos son exclusivamente para los inversionistas nacionales e internacionales y para las camarillas vinculadas a ellos, pero para los territorios y la población solo les queda el daño ambiental, la miseria y los efectos de una burbuja económica de la cual no fueron beneficiarios.
Lo anterior no puede significar que se desconozca el potencial que tiene la minería como opción de desarrollo económico. No podemos asumir la idea que toda minería es mala y debe desaparecer de nuestras vidas, pues implicaría una involución para todos y cada uno de nosotros. Lo que está poniendo en evidencia los avances democráticos sobre el manejo de los recursos naturales y, especialmente, la minería son otros tópicos que debemos asumir.
En primer lugar, debemos obligar a que los permisos de la explotación minera no pueda decidirse sin tomar en cuenta las decisiones democráticas que han realizado las comunidades locales y los territorios, de manera que sus decisiones no caigan del cielo sino que sean el producto de la evaluación juiciosa de gobiernos y comunidades locales que sepan de los riesgos y beneficios que recibirán; en segundo lugar, es necesario que los procesos tecnológicos con los que se asuman las explotaciones mineras sean amigables con el medio ambiente de manera que no comprometan la posibilidad de su uso y aprovechamiento para las generaciones futuras.
Por último, la distribución de los excedentes económicos tiene que ser una ecuación equitativa entre los inversionistas y los propietarios de los recursos, es decir, la comunidad y el territorio, pues el actual sistema de regalías no lo es y, por el contrario, los únicos que obtienen ganancias son los explotadores a costa de la destrucción de las comunidades residentes y sus territorios.
Probablemente de esta manera se podrá hacer efectiva la idea de tener un sector minero responsables para poder decir a la Minería sí, pero no así.
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