Economista
La Constitución Política define el régimen colombiano como una democracia participativa, en que la soberanía reside en el pueblo. Esa concepción se apoya en los principios de un Estado Social de Derecho que, como lo señala en resiente artículo el columnista Hernando Gómez Buendía, tiene como fundamento tres principios de los estados liberales modernos:
“Cada persona tiene el derecho de vivir según sus propias creencias, con la sola condición de ‘no hacer daño’ a terceros. Lo que afirma la autonomía individual como ‘única base posible’ del Estado liberal, de la igualdad ante la ley y de la soberanía popular que a su vez es la base de la democracia.
La finalidad del Estado es proteger y promover ‘los derechos’ de los ciudadanos.
La moralidad pública -que por supuesto subyace a cada Estado y que este debe defender con toda seriedad- tiene que ser ‘minimalista’, en vez de maximalista. Estos mandatos mínimos recogen el consenso de cada sociedad y son los que se plasman en su Código Penal como catálogo de conductas reprochables y punibles.”
La alusión de estos principios constitucionales se hace para dar un marco legal al comportamiento totalmente equívoco que diferentes autoridades locales y regionales han tenido respecto a la solución de un conflicto entre la comunidad del barrio El Triunfo y el presidente de la Junta de Acción Comunal, quien ha usurpado la prestación del servicio de agua, en contra de los legítimos intereses de la comunidad.
A manera de síntesis el asunto puede describirse así: el Presidente de la JAC, en violación a las normas sobre el funcionamiento de las mismas, se ha apropiado de la prestación del servicio de agua y le ha entregado la viabilidad de servicio a una construcción de 960 apartamentos, sin tomar en cuenta la opinión y voluntad de la comunidad y poniendo en riesgo la prestación del servicio a los propietarios del acueducto comunitario, es decir, la comunidad residente en el sector. Igualmente, el señor de marras ha violado la normatividad ambiental captando más agua que la que tiene la concesión, no ha implementado los procesos de potabilización pese a que se le entregó ilegalmente una planta de potabilización construida por el municipio y no hace ningún proceso de ahorro de agua pese a las exigencias que al respecto le ha hecho Cortolima y otras entidades. Es decir, ha incurrido en violaciones de las normas sobre manejo de las JAC, sobre condiciones urbanísticas, sobre manejo ambiental y sobre prestación eficiente del servicio.
La comunidad, por su parte, ha organizado una Junta prestadora del servicio de agua, cumpliendo las normas establecidas por la autoridad competente, ha efectuado asambleas de usuarios del servicio en que se ha solicitado el traspaso del servicio a esta entidad, se ha inscrito ante las autoridades legalmente constituidas y ha acompañado a la Administración municipal en su empeño de resolver el asunto, pero sus solicitudes han sido desoídas.
La actitud de las entidades gubernamentales no ha sido más equívoca porque no se puede. En nombre de una supuesta imparcialidad no han apoyado los reclamos de la comunidad organizada y, con su silencio y falta de decisión, han terminado aprobando y apoyando el comportamiento delincuencial del Presidente de la JAC, con lo que desconoce las decisiones que la comunidad ha tomado con un silencio cómplice y poco proactivo.
La situación ha llegado a su límite frente a la autoridad ambiental, que en nombre de una supuesta normativa que debe respetarse ha optado abiertamente en guardar silencio sobre la entrega de la concesión de agua a favor de la Junta Administradora del acueducto como reiteradamente lo ha señalado en diferentes oportunidades la comunidad, teniéndola en cabeza del Presidente de la JAC, pese a los delitos ambientales que el personaje ha cometido.
Es decir, en este proceso han tenido más peso las pequeñas leguleyadas en favor de un tramposo que las decisiones de una comunidad organizada. No se han cumplido con los preceptos constitucionales que más arriba señalábamos, pero tampoco con la justicia y la decencia que deben encarnar las decisiones de los funcionarios y tampoco con el compromiso de la actual Administración municipal de apoyar a las comunidades organizadas.
Este es un ejemplo de lo que no debe seguir pasando en nuestra ciudad, donde ha pesado más la trampa con ropaje de legalidad que la búsqueda de la justicia y la decencia, aunque ello implique asumir los riesgos de tener opiniones y actitudes donde se defienda la justica por encima de otras consideraciones y conceptos.
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