Los escandalosos acontecimientos que han sucedido en el poder judicial no han dado tregua en los dos meses recientes. Al final de julio amanecimos un día con la contradictoria y aberrante noticia de que el Fiscal Nacional Anticorrupción era señalado y apresado por acciones de corrupción cometidas en ejercicio de su cargo.
Lo que empezó con tamaño despropósito ha seguido con uno mayor: actualmente nos enteramos de que algunos de los jueces por excelencia, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se han comportado como una banda de delincuentes y antisociales, que antes de impartir justicia lo que han hecho es asociarse para delinquir y torcer las decisiones de la justicia en función del dinero que los implicados en delitos de diferente índole ponen sobre la mesa de esto, que ha dejado de ser justicia para convertirse en garito de baja laya.
Desde hace más de una década, en particular desde el proceso 8.000, ese comportamiento era un rumor, de que las absoluciones de políticos vinculados al famoso proceso y después a los de la parapolítica se compraban en tribunales administrativos y en otros de más alto nivel, en cifras que siempre involucraban varios cientos de millones de pesos, llegar a la comprobación plena de que tal comportamiento también lo tenían algunos de los jueces más importantes de la nación, no deja de ser una decepción que golpea el alma y hace tambalear nuestras convicciones democráticas y nuestra confianza en el aparato judicial, instituido para defender nuestros derechos.
Ante este “buen” comportamiento de los susodichos jueces y fiscales, los integrantes del poder legislativo no podían quedarse atrás. Como parte de la ópera prima de la corrupción internacional, interpretada por la firma brasilera Odebrecht, hemos llegado al apresamiento del segundo elector más importante del partido mayoritario y de gobierno, el partido de la U, el senador Ñono Elias, acusado de recibir una cifra aún indeterminada, pero que ronda en más de 30.000 millones de pesos, como coima y soborno para asegurar para la firma brasileña la adjudicación de una obra que, como la Ruta del Sol, había sido promovida como una de las más importantes realizaciones del exvicepresidente Germán Vargas en su paso como responsable de tales actuaciones en el Gobierno nacional.
Pero en la jerga jurídica se afirma que tan culpable es que el recibe el soborno como el que lo paga. Pues bien en el caso de los jueces de la Corte Suprema, los que han pagado han sido connotados miembros del poder Legislativo, en especial han sido nombrados el senador Hernán Andrade, presidente del Directorio Conservador, y el senador Musa Besaile, mayor elector del partido de la U.
Economista
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