Abogado Litigante
Desafortunadamente, para el presente y el futuro del país, el presidente de la República, abogado Iván Duque Márquez, está dando muestras de que es un maestro en la creación de situaciones artificiales para distraer la atención del pueblo de los verdaderos problemas que lo afectan y que requieren solución a corto y largo plazo.
Antes fue con las “famosas” objeciones presidenciales de carácter constitucional, disfrazadas de conveniencia, formuladas contra la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz y ahora en turno, todo indica que es así, será la pena de prisión perpetua con la que se aspira castigar a las personas que, luego de la correspondiente investigación, resulten condenadas por delitos contra menores de edad.
Frente a esta situación se hace necesario tener en cuenta lo dispuesto, de manera expresa en el inciso primero del artículo 34 de la Constitución Política, cuando textualmente señala que “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.
Esto no puede pasarse por alto.
Sin embargo, el presidente Iván Duque Márquez, invoca expresamente, el artículo 44 de la misma Constitución Política para justificar el propósito de que durante su mandato se consagrará la prisión perpetua, pues si bien dicho mandato enuncia detalladamente los derechos fundamentales de los niños, también indica que estos serán “protegidos contra todas las formas de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”.
Agrega este mandato constitucional que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos” los cuales “prevalecen sobre los derechos de los demás”.
En este orden de ideas, lo menos que se le puede pedir al Gobierno actual, no son actos de partido, sino actos de Estado en dirección a solucionar los problemas de los niños de todo el país, pero en especial los que, por razón de las circunstancias, residen en las zonas marginales, en las barriadas de las ciudades y en sectores geográficos del antiguo conflicto armado interno, pues lo demás no pasa de ser más que demagogia y populismo, sin que se escape, para citar un caso concreto, los niños que residen en los sectores marginales de la capital de la República que pueden ser visitados en cualquier momento por el jefe de Estado.
Nos aterra, por decir lo menos, que la señora vicepresidenta ayer, por los medios de comunicación, asumiendo responsabilidades de Estado, precisó que por ahora la pena de muerte se le aplicaría a quienes resultaran condenados por delitos contra los niños y luego señaló que en turno estaba la pena de muerte, sin haber señalado contra quien o quienes.
En todo caso, la solución para los problemas sociales no es la muerte, sino la vida y la democracia, sin que se pueda olvidar, ahora que estamos en el bicentenario de la Batalla de Boyacá, que las autoridades de la República de Colombia “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
Lo anterior, nos autoriza para impetrar al abogado Iván Duque Márquez que, en su condición de presidente de la República, se dedique a gobernar con la Constitución y la ley en la mano que, querámoslo o no, otorga suficientes instrumentos jurídicos para hacer una histórica y buena administración, pues lo demás son fantasías alejadas de buenos propósitos.
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