Gobernabilidad y Defensa Nacional

Como senador no tengo motivos para dudar de las explicaciones suministradas por la cúpula militar y que asegura no sabía que en el campamento donde fue abatido alias ‘Gildardo Cucho’, en zona rural de Caquetá, había niños.

Infortunadamente que la muerte de ocho menores en la operación se conociera dos meses después y en pleno debate de moción de censura en contra del hoy exministro de Defensa, Guillermo Botero, deja un malestar enorme en la opinión pública. Seguramente serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar exactamente qué ocurrió.

Sin embargo, la realidad dice que el país asiste a varios fenómenos que golpean la seguridad del territorio. Queda en evidencia que los Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor), conformados por excombatientes de las Farc (disidentes) en contubernio con estructuras criminales mafiosas, vienen desestabilizando ciertos departamentos en materia de orden público y alterando la vida de sus habitantes por medio de la violencia, las amenazas y el crimen.

Lo primero que se nota es una nueva fase de reclutamiento de personal por parte de estas organizaciones en donde los niños y niñas son las principales víctimas. No es raro que dichas estructuras criminales sigan usando a los menores como ‘carne de cañón’ o como parte de sus escudos de protección para evitar o eludir operaciones militares, práctica que se usó en pleno conflicto armado y que tiene perversos antecedentes en otras disputas internacionales.

Igualmente, lo sucedido en el Cauca, muestra un peligroso contubernio entre narcotraficantes colombianos y mexicanos, en alianza con bandas criminales por el control de los cultivos de coca. Fenómeno que puede extenderse a toda la costa del Pacífico colombiano, que incluye Nariño, Chocó, Valle y parte del Urabá antioqueño.

También la dinámica en la frontera con Venezuela es preocupante, mucho más con la protección que el gobierno de Nicolás Maduro le otorgó a miembros del Eln y a los ex-Farc como alias ‘El Paisa’, ‘Iván Márquez’, ‘Santrich’ y compañía. El Catatumbo sigue siendo un territorio muy sensible en términos de conflicto por la influencia de los actores criminales que se disputan su control. En suma, la principal amenaza del Estado colombiano sigue siendo hoy el narcotráfico y el accionar de los grupos terroristas nacionales en alianza macabra con multinacionales del narcotráfico y gobiernos extranjeros. Lo irónico y verdaderamente perverso es que mientras los enemigos y criminales que actúan contra el Estado siguen tomando fuerza, la institucionalidad, los partidos y el mismo Gobierno se encuentran divididos y dispersos.

Sin lugar a dudas, cada zona de nuestra Nación afectada por estos fenómenos exige, no solo la presencia de la Fuerza Pública, sino todo un paquete de inversión social pormenorizado y focalizado que contemple aspectos como salud, educación, infraestructura, inserción en la producción nacional, empleo, asistencia humanitaria y su incorporación como agentes de desarrollo y cambio.

En ese sentido los planes de recuperación e intervención que tendrían que ser diseñados e implementados en el corto, mediano y largo plazo, en zonas como Caquetá, Guaviare, Cauca y el Catatumbo, por nombrar solo algunas, exigen un esfuerzo de todos los actores del Estado. Por este motivo, resulta urgente que la interlocución y el diálogo sea permanente y confiable entre Gobierno nacional y sus ministerios, con el Congreso, la Fuerza Pública, las instituciones públicas y privadas, los entes territoriales afectados y las comunidades amenazadas.

Lo que está en juego es la gobernabilidad del país, la Defensa del Estado colombiano, el fortalecimiento de los valores democráticos, los derechos humanos, la estabilidad de la economía y especialmente la convivencia como ciudadanos de este país.