Para el próximo jueves, diferentes sectores sociales han convocado a un “paro”. Sobre las razones en que se inspira, se han generado toda suerte de opiniones; algunos a favor y otros en contra.
Claramente la Constitución garantiza a todos los colombianos el derecho de libre expresión y de asociación. Las marchas ciudadanas encuentran plena legitimidad y respaldo, a la luz de los correspondientes cánones que garantizan dichos derechos. Sin embargo, la misma Constitución también garantiza a los colombianos, la vida, honra, bienes, creencias y otro cúmulo de derechos y libertades como la seguridad y la posibilidad de moverse tranquilamente por todo el territorio.
Lo ideal, es que el ejercicio de unos derechos, no irrumpiera con el ejercicio de otros, y todos pudieran coexistir. Tan importante es el derecho de aquél que se quiere expresar protestando y marchando; como el de aquél, que quiere sentirse tranquilo y seguro con su familia, por las calles de la ciudad que habita.
Emergen así, falsos dilemas. La de aquellos quienes creen que el derecho de protestar los legitima para arrasar con las ciudades, a través de desmanes y actos vandálicos, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, y la estabilidad de las instituciones. También la de quienes creen que todo marcha sobre ruedas, y hacen oídos sordos de las angustias ciudadanas, la sociedad cada vez traga menos entero, y resulta especialmente impaciente con respecto a la ejecución de las políticas públicas. Y por qué no, el de los oportunistas, que poca o ninguna sensibilidad social tienen con la ciudadanía, y que fungen por estos días como promotores de causas, que jamás han estado en sus respectivas agendas.
No podemos perder de vista aquella máxima que enseña, que el derecho de cada uno de nosotros, termina donde empieza el derecho de los demás. Bajo este entendido, el llamado que hacemos, es a que el legítimo ejercicio del paro, no termine afectando con actos violentos a la misma ciudadanía que oficiosamente dicen defender; lo cual de paso, desnaturalizaría y deslegitimaría la protesta; y con ella, las banderas que se enarbolan.
Si como decía Alzate Avendaño, “la huelga es por naturaleza, un acto negativo de fuerza”; no resulta entonces necesario acudir a la violencia, y en cambio sí a la inteligencia, para lograr demostrar que las causas que inspiran la protesta son sensatas, razonables y dignas de atención.
Con todo, aplaudo y reconozco que vivimos en un país donde se garantiza la libertad de expresión; tanto es así, que la discusión sobre el cese de actividades se centra, no en el hecho de si se puede protestar, sino en la manera como resulta legitimo hacerlo.
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