Pero no será el único reto en 2013. Tarea más importante que apagar este incendio, es recuperar la confianza de la gente. Nunca en la historia la rama judicial, sus altas cortes y los funcionarios de base habían ostentado el título de la institución más desprestigiada.

¿Qué harán los jueces para mejorar su imagen ante el pueblo colombiano aparte de pedir que les suban los sueldos? ¿Es acaso motivo de discusión o preocupación en las salas plenas de la Corte Suprema, o la Constitucional o el Consejo de Estado? Ni hablar del Consejo Superior de la Judicatura cuyo pellejo quedó salvado con el fracaso de la reforma el año pasado.

¿No debería siquiera en agradecimiento por los favores recibidos emprender una campaña de recuperación de la imagen de sus administrados?

Además del reto general –y casi épico– que enfrenta la rama, asuntos puntuales deberán ser resueltos este año.

En la Corte Suprema, los juicios a los exministros de Uribe por la Yidispolítica; la decisión final en el caso de Andrés Felipe Arias por el polémico caso de Agro Ingreso Seguro; los recursos de casación de los ex oficiales Uscátegui y Plazas Vega.

El Consejo de Estado debe ofrecerle al Congreso una terna para elegir reemplazo del magistrado Humberto Sierra en la Corte Constitucional; definir por cuánto tiempo se queda el Fiscal Eduardo Montealegre y decidir si a Piedad Córdoba le ratifican o levantan la destitución.

El Procurador mandará qué hacer con Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro, mientras la Contralora tendrá que pronunciarse frente al exalcalde Alex Char.

La lista de pendientes sigue y lo único que uno espera es que este año clave, la última esperanza de un pueblo que es la justicia no nos vaya a decepcionar.