El caso de Francia Márquez, la “premio Nobel” ambiental que fue atacada hace unos días, es uno solo entre tantos. Como éste se investigan más de 250 episodios y la mayoría de ellos ha terminado en dolorosos homicidios de nuestros líderes sociales. Su situación, por fortuna, es cada vez menos invisible porque la gente y los medios parecemos estar dejando la indiferencia a un lado. Pero además de cuidar la vida de los representantes de las comunidades en los territorios más conflictivos de Colombia, con más de siete mil esquemas de protección que, en casos como el de Francia Márquez han funcionado (y bueno es reconocerlo), la pregunta es qué está pasando con la judicialización de los responsables de estos crímenes. La Fiscalía dice que casi el 60 por ciento de este tipo de atentados cometidos entre 2016 y 2019 han sido esclarecidos por el ente investigador a nivel de autores materiales. Aseguran también que el 23 por ciento de estos hechos tienen establecidos autores intelectuales. Hoy existen más de 200 capturados por estos hechos pero con todo y estas cifras, los casos que terminan en sentencia son escasamente 32.
En Tumaco, por ejemplo, de ocho homicidios reportados e imputados por la Fiscalía solamente uno está en etapa de juicio. Que los asesinatos de los líderes sociales avancen a una tasa de un juicio por año, es sencillamente lamentable y se convierte en estímulo para que los delincuentes sigan haciendo de las suyas con la esperanza de una impunidad rampante.
Tal vez por eso, en buena hora, la Fiscalía, la judicatura y el Ejecutivo se reunieron hace unos días para ponerse de acuerdo en la creación de una unidad de jueces especializados que atiendan de manera prioritaria estos casos para que puedan haber condenas rápidas y ejemplarizantes. Será fundamental que estos jueces operen en las mismas zonas donde se producen los crímenes y no desde la fría Bogotá desconociendo las realidades que ocurren en el territorio nacional. Ojalá estos jueces entren en funcionamiento con prontitud, reciban todas las garantías de seguridad para su funcionamiento y sean personas honorables que no se dejen permear por las estructuras criminales que seguro querrán comprarlos.
Más protección para los líderes sociales pero sobre todo más justicia en sus casos, es el clamor que debería unirnos. Este Gobierno tiene en sus manos la oportunidad de pasar a la historia por cambiar unas dinámicas perversas que heredó y el aparato judicial tiene por delante el enorme desafío de devolverle la confianza a la ciudadanía, actuando ya para impartir verdadera justicia.
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