Hagamos un ejercicio de reflexión acerca de cómo se perciben las relaciones de la Fuerza Pública –compuesta por Fuerzas Militares y Policía Nacional- con el nuevo gobierno, tomando en cuenta las dos campañas presidenciales y partiendo que por principio constitucional la Fuerza Pública está subordinada al Presidente de la República quien es el comandante general de la misma y que adicionalmente la Fuerza Pública no debe ser deliberante en asuntos de política partidista; por supuesto son instituciones con una importancia cardinal en cualquier sociedad y mucho más en la nuestra con problemas de violencia complejos, que si bien no se deben enfrentar solo con la fuerza coercitiva del Estado, sí requieren la participación de ésta.

La primera semana de junio del presente año se realizará la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles (California) en la cual se reunirían los presidentes de los países de América Latina con el mandatario norteamericano y el primer ministro de Canadá; cosa que no han hecho desde 2015 por diversas razones.

La Comisión de la Verdad es un componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (ahora denominado Sistema Integral de Paz) creado por el Acuerdo de La Habana entre el Gobierno colombiano y las Farc - EP, pero es el que tiene el período de existencia más corto –termina en junio de este año 2022 su mandato- y tiene previsto entregar su Informe Final el 28 de junio, justamente una vez haya concluido la elección presidencial y en esa medida sustraerlo del debate electoral y la inevitable polarización que el mismo conlleva.

Muchos colombianos caímos en la equivocación de creer que llegar a un Acuerdo con la insurgencia de las Farc-EP era terminar el conflicto armado interno y peor aun, terminar con la reiterada utilización de la violencia, por diversos actores políticos, que como sabemos ha sido una constante a lo largo de nuestra historia –desde las guerras civiles entre liberales y conservadores en el siglo XIX, pasando por la llamada ‘insurrección bolchevique’ de la naciente izquierda política a inicios del siglo XX, luego la violencia bipartidista de mediados del siglo pasado y posteriormente a partir de los años 60 del siglo anterior la violencia ‘revolucionaria’ que luego llamamos conflicto interno armado-.

La guerra entre Rusia y Ucrania, además de ser condenable, como lo son todos los enfrentamientos armados, donde quien paga las consecuencias es la población civil, según los analistas más pesimistas podría dar origen a una tercera guerra mundial –situación que consideró la mayoría de la humanidad rechaza- y con todo el riesgo que conlleva el uso de armas nucleares.

En la política electoral colombiana se han venido dando cambios y transformaciones que corresponden a nuevas situaciones –crisis de los partidos políticos, personalización de la política, fragmentación de los electores-. Por ello surge la necesidad de las consultas y de las coaliciones políticas. En el pasado –igual que en otras sociedades- la política se hacía a través de partidos políticos que convocaban, cada uno de ellos, una porción importante de electores, establecían los procedimientos internos para seleccionar sus candidatos y las coaliciones correspondían a acuerdos o alianzas aparentemente programáticas entre partidos políticos.

El fallo de tutela de la Corte Constitucional por medio del cual reitera su tesis, en relación con la necesidad de realizar las consultas populares previas a una hipótesis de volver a usar el glifosato a través de fumigaciones masivas, para erradicar los cultivos de hoja de coca, si bien le reitera al actual Gobierno, en su fase final, que no le va a ser posible acudir a esta estrategia, es en realidad un mensaje para el nuevo Gobierno que empezará el próximo 7 de agosto. Y en ese sentido hay que hacer un análisis serio de las implicaciones del problema.

Este es un año de cambio político en nuestro país –elecciones en marzo, mayo y junio e inicio de nuevo Gobierno en agosto-, pero también en otros países de la región –Brasil-, así como lo fue el año anterior –Ecuador, Perú, Honduras, Argentina, Chile-; es decir, el cambio político es una realidad permanente en las diferentes sociedades y en democracias liberales esto se hace a través de procesos electorales. Lo interesante, por novedoso, es que a diferencia del siglo pasado, nadie está preocupado por las eventuales interferencias de las Fuerzas Militares y policiales –sin olvidar lo que algunos llamaron ‘golpes blandos’ en Honduras en 2009 o Bolivia en 2019-.

Bienvenido el 2022 con todas las expectativas que siempre genera el inicio de ciclo en el calendario. Y para nosotros será un año de expectativas positivas, sin olvidar los problemas que igualmente vendrán.