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En general, tampoco he sido partidario de las “constituyentes” que, con excepciones, han afectado el Estado de Derecho y consumado hechos políticos.
Como Procurador General emití concepto -acogido inicialmente por la Sala Constitucional de la Corte Suprema- contra la utilización del Estado de Sitio para desencadenar un proceso constituyente en abierta oposición a la norma del Plebiscito del 57, votada por más de 4 millones de ciudadanos, según la cual solo el Congreso podía tramitar reformas constitucionales. Por uno o dos votos los penalistas, civilistas y laboralistas derrotaron a los constitucionalistas y dieron vía libre al entonces extraño procedimiento constitucional.
En cuanto al “régimen de Justicia”, a nivel de sus altas cortes y a los procedimientos para juzgar a los más altos funcionarios del Estado, hemos llegado a un bloqueo tal que hoy es imposible abordar por el Congreso cualquier reforma constitucional que intente modificar tan anquilosadas estructuras.
Casi todos estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero es prácticamente imposible encontrar la solución. Las reformas orientadas a afectar esa pecaminosa estructura de poder han fracasado. Como en 2012 cuando al final se sacrificó al buen ministro Juan Carlos Esguerra por los orangutanes introducidos para conservar privilegios de algunos magistrados.
La reforma impulsada por los ministros Yesid Reyes y Juan Fernando Cristo, conocida como de “equilibrio de poderes”, en su esencia la “tumbó” la Corte Constitucional (CC) argumentando que suprimir la vetusta Comisión de Acusaciones de la Cámara ¡sustituiría el espíritu de la CP del 91!
El origen de este bloqueo también está en lo dispuesto por la Constituyente al poner a congresistas y magistrados en la posición de investigarse mutuamente. Acabar con asuntos como las atribuciones electorales de las Cortes, la proliferación de magistraturas, el uso del poder judicial en beneficio particular, la intromisión de funcionarios del orden judicial o de los llamados organismos de control en otras ramas del poder, la inseguridad jurídica, la perniciosa cercanía con poderes políticos, la impunidad política y disciplinaria de “encumbrados” magistrados y funcionarios, y muchos otros, son hoy algo que no pasaría el cedazo del Congreso y las cortes.
Para salir de este atolladero es hora de volver a la idea plasmada en una reforma constitucional presentada por López Michelsen en 1977, tumbada por la Corte Suprema en desafortunado fallo de 1978, al convocar una “pequeña” Constituyente de elección popular, con temario preciso y delegatarios debidamente formados en la materia.
Podrían delimitarse algunos temas: las magistraturas deberían ser el último y no el primer escalón de carreras judiciales y aun políticas; el Consejo Superior de la Judicatura debe dar paso a una verdadera Súper Corte; deben desaparecer los vasos comunicantes justicia-política; sin llegar hasta la Corte Única debe reducirse el número de “altas cortes”, el antejuicio político sólo debe mantenerse en el Congreso para el Presidente quien, levantado el fuero, sería juzgado por una alta Corte judicial; debe hacerse una reingeniería profunda a Fiscalía, Procuraduría y Contraloría que pase por su origen, funciones, y sobre todo por el establecimiento de un sistema real de responsabilidad ante un organismo judicial, como una verdadera Súper Corte integrada por ciudadanos de las más altas calidades jurídicas, morales y de gran equilibrio emocional, encargada de investigar entre otros al Procurador, al Contralor y al Fiscal General.
El gobierno, restablecida la legislatura, podría ensayar este camino. O puede ser tema de la próxima campaña presidencial.
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