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Sin embargo, la gran mayoría de los temas que se requiere abordar para conseguir el ideal de una pronta y cumplida justicia, no impone necesariamente reformas a la Carta. El procurador General Fernando Carrillo – gran experto en estas materias, exconstituyente, exministro del ramo y funcionario de reconocida solvencia en el BID-, ha dirigido la preparación de un completo proyecto de ley “Por medio de la cual se promueve el acceso a la justicia local rural”, que va en la dirección correcta, como resultado de un sesudo trabajo –iniciativa que el Congreso abordará a partir del 20 de julio- en el que intervinieron varias entidades del Estado, expertos funcionarios y destacados juristas e investigadores. Ante la frecuente apreciación social de que el pueblo percibe el aparato judicial como algo distante, pesado e ineficiente, el objetivo central de este proyecto es lograr esa aproximación a través de distintos mecanismos que la iniciativa desarrolla claramente. Es una novedosa idea integrar instancias judiciales con las autoridades administrativas y políticas y con la sociedad civil para establecer espacios de diálogo a todos los niveles. Claro que aquí caben la profundización de instituciones ya en marcha pero que deben fortalecerse como las casas de justicia -a veces abandonadas- y las propias comisarías de familia, que por cierto necesitan una reorganización casi total.
Por primera vez se habla no solo de la justicia local sino también de la rural, con mecanismos ágiles que faciliten al citadino y al campesino el acceso a la justicia. Esa “integración” se haría principalmente a través de la novedosa “Comisión de Acceso a la Justicia”, presidida a nivel nacional por el respectivo ministro, y a niveles departamental y municipal por gobernadores y alcaldes, con la participación de todas las entidades públicas concernidas y de la sociedad civil, incluidos representantes de la justicia ancestral.
Así como en lo político-administrativo persiste el reclamo por una verdadera “descentralización”, el proyecto busca la desconcentración en la Justicia, idea por cierto plasmada en la reforma judicial de 1965 –gobierno de Valencia- pero que, como tantas otras, no tuvo continuidad: igual que los tribunales superiores que había no solo en las capitales, como hoy, sino en 4 o 5 ciudades por regiones en cada departamento peyorativamente conocidos como “tribunalitos”. La Procuraduría venía trabajando este proyecto antes del coronavirus dentro de un programa de digitalización y utilización de la virtualidad en la administración de justicia. Temas como estos son los que muy seguramente irán en ese “paquete” de enmiendas al lado de las que por su parte presentará la Ministra de Justicia. Dos reflexiones finales a propósito de Procurador y Procuraduría: 1) Hace 30 años, cuando Fernando Carrillo se había destacado como promotor de la Séptima Papeleta, constituyente y Ministro de Justicia, el director de este diario don Hernando Santos publicó un editorial titulado “Ojo con Carrillo” avizorando el futuro político del entonces joven abogado. Su carrera pública le ha venido dando la razón al inolvidable periodista. Y, 2) ¡Cómo se enredó la elección del Procurador después de la Carta de 1991! Antes no aparecían decenas de candidatos. Con el procedimiento anterior el Presidente enviaba una terna y elegía la Cámara de Representantes. Casi nunca hubo dificultades. Los mandatarios eran muy cuidadosos en la elaboración de esas ternas y no había tantas “pujas”. Con ese sistema el país tuvo Procuradores que aún recuerda como Rodrigo Noguera, Mario Aramburo, Gustavo Orjuela Hidalgo, Jaime Serrano Rueda, Jesús Bernal Pinzón, Carlos Mauro Hoyos, Horacio Serpa Uribe y Carlos Gustavo Arrieta, entre otros.
¡Ah, tiempos aquellos! ¡Cómo han cambiado! Y no siempre para bien…
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