¿Derribar estatuas?

Erigir monumentos o estatuas –de variados materiales– es costumbre tan vieja como la humanidad: las hay de piedra, mármol, ladrillo, bronce, oro y hasta de barro. Y, contrario a lo que cabría pensar, como dice el canto popular, no son eternas; cambian como las circunstancias políticas o históricas en que se “armaron” las hechas a dioses y demonios, honrados y pillos, estadistas y charlatanes, filósofos y gramáticos, libertadores y esclavistas, dictadores y demócratas, pintores y escultores o deportistas como el ‘Pibe’ Valderrama y Bernardo Caraballo.

Con el triunfo de la revolución socialista en 1917 echaron a rodar los monumentos a los zares. Cambiaron los nombres de las ciudades y aún se embalsamó el cadáver de Lenin para que la gente pudiera verlo “casi vivo”.

Que movimientos indigenistas descendientes de Misak, Nasa y Pijao echen a tierra la emblemática estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de Popayán y Cali –sugiriendo que podría hacerse igual con las erigidas a conquistadores como Jiménez de Quesada o Suárez Rendón, todos los cuales cometieron abusos contra los aborígenes–, no es una novedad ni debería alarmar hasta el punto de imitar al gobierno en el socorrido y fracasado ofrecimiento de recompensas para capturar a los autores.

Claro que no es un hecho para repetir, pues literalmente no quedaría “piedra sobre piedra”. Tal vez por eso José Hilario López logró que perdurara la ley de abolición de la esclavitud y no mandó a erigir estatua sino que sembró la ceiba que, moribunda, aún vive en Gigante, Huila.

Por cierto, recuerdo que siendo un niño, el sábado 13 de junio de 1953, a la sastrería de mi padre en Chaparral llegaron alborozados los liberales gritando “¡Se cayó Laureano, viva el general Rojas Pinilla!”. A poco andar, a la entrada del pueblo se erigió una estatua a Rojas y la “avenida” se bautizó con su nombre. Luego del 10 de mayo de 1957, caído el dictador, fui testigo más consciente de cómo los mismos liberales, con picas, hachas y palas destruían esa estatua.

Fue tal el culto a la personalidad de Rojas que recién comenzado el Frente Nacional Alberto Lleras dictó el decreto 1678 de 1958 –reformado en 1997– prohibiendo “bautizar” los monumentos públicos con nombres de personas vivas. Esa norma, como tantas otras, no se cumple. De las estatuas erigidas a Rojas permanece una inmensa en Tolemaida (Melgar), quizás porque la protegen los militares de eventuales ataques de la turba. ¡Qué paradoja!, las estatuas que generalmente representan a personas poderosas, derribadas son objetos inermes, incapaces de defenderse.

Las necesarias reivindicaciones históricas pueden lograrse dejando “quietas” a las estatuas. Así, ¿por qué no pensar en “desnudar” las de tantos personajillos vivos que no resistirían el juicio de “verdad, justicia y reparación”? ¿Cómo quedarían, digamos, si se evidencia que algunos de ellos utilizaron a las Farc para asesinar y sacar del juego a sus enemigos políticos? ¿O los que hicieron lo mismo con los paramilitares para obtener réditos políticos, desplazar a millones de campesinos y quedarse con sus tierras? ¿O los que abrieron cuentas en Suiza para guardar el dinero de comisiones por gigantescas obras públicas?

¿O quienes por razones no propiamente ideológicas ayudaron a Rodríguez Orejuela y a los Ochoa a eludir la justicia americana? ¿O parte de la “junta directiva” del paramilitarismo que mencionó Carlos Castaño en Mi confesión? ¿O los que no pueden justificar inmensas fortunas amasadas en el ejercicio de funciones políticas o administrativas? ¿O los que toleraron la desaparición de personas que salieron vivas del Holocausto del Palacio de Justicia?

Para las nuevas generaciones y para la Colombia del futuro tendría más sentido ‘derribar’ esas estatuas “vivientes” de ídolos de barro que seguir haciéndolo con las de los conquistadores españoles de hace centenares de años.