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Durante mucho tiempo la extradición era un asunto menor al que los profesores de Derecho Penal no le gastábamos más de una clase. Tomó fuerza política cuando el gobierno de Turbay sacó adelante en el Congreso la ley aprobatoria del Tratado de Extradición con los EE.UU., que pasó sin mayor discusión. En principio Belisario se negó a aplicar el ya vigente tratado de extradición, con el argumento de que había que defender la soberanía nacional. Solo cuando los narcotraficantes asesinaron al joven Ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, movido por la indignación colectiva, anunció en la catedral de Neiva que extraditaría nacionales. Los capos acorralados, para abolir la figura, primero ensayaron la vía de la negociación. De ahí surge la famosa reunión del Marriot de Panamá en la cual, como se supo después, el Presidente envió a su procurador Carlos Jiménez Gómez –que acaba de morir sin que casi nadie lo registrara– a que oyera la propuesta de los narco asesinos. Con la sola condición de no ser extraditados, ofrecieron cesar la violencia, entregarse, acabar con el negocio, delatar rutas y hasta pagar la deuda externa. Una filtración dominical de Juan Manuel Santos, entonces subdirector de El Tiempo, hizo que el Presidente y el Procurador dijeran mentiras, negaran lo sucedido y se echaran para atrás.
Agotada esa vía, los capos optaron por la violencia. Los extraditables hicieron de todo. La Corte Suprema sacrificada en el Holocausto en 1985 nunca cedió ante las presiones de los narcos. Los magistrados que los sucedieron, lamentablemente, tumbaron el tratado en 1986 con una vergonzosa decisión. El gobierno Barco se mantuvo y la restableció recurriendo al Estado de Sitio.
Muchas voces le pedían a Barco que negociara para poner fin a las bombas, asesinatos selectivos y atentados terroristas. Luis Carlos Galán lo respaldó valientemente en la posición de no negociar. Al discutirse una reforma constitucional en 1989 se introdujo el famoso ‘mico’ que convocaba a un referendo para tumbar la extradición. Fue el comienzo del ‘conejo’ político del que fue víctima Galán, por el que, entre otras plumas, las de Juan Lozano y Gabriel Silva piden que se le restablezca la personería al Nuevo Liberalismo. El ministro Lemos Simmons se les atravesó a los delincuentes y prefirió hundir la reforma.
Para acabar con la extradición los narcoterroristas, fuera de las bombas, cometieron una serie de asesinatos: Rodrigo Lara, el Coronel Ramírez Gómez, el Magistrado Baquero Borda, Carlos Mauro Hoyos, Enrique Low, Guillermo Cano, jueces, policías, periodistas, y desde luego, el propio Galán Sarmiento.
¿Qué pudo haber pasado después de esta estela criminal, para que la Constituyente terminara prohibiendo la extradición de nacionales en la propia Constitución, dándole a Escobar la garantía que pedía para ‘entregarse’? Probablemente Galán estaría vivo si los narcos hubieran pensado que en un gobierno presidido por él, se les iba a dar gusto en la propia Carta Política.
El gobierno se ausentó el día que el tema iba a ser discutido en la Constituyente. Hubo trece colombianos, a quienes por su espíritu casi suicida se les denominó “los trece del patíbulo”, que se negaron a tumbar la extradición. Recordemos algunos de ellos, entre quienes se cuentan varios que cantaron el voto contra la voluntad de los narcos: Antonio Galán, Fernando Carrillo, Carlos Lemos Simmons, María Teresa Garcés, María Mercedes Carranza, Gustavo Zafra, Iván Marulanda, Carlos Ossa, y Horacio Serpa.
Transcurridos ya 30 años, el país tiene derecho a saber qué fue lo que realmente pasó.
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