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Estado, principalmente para que no los extraditara a los EEUU.
La arremetida fue en todo el país, pero, por razones particulares, regiones o instituciones fueron el blanco principal de sus ataques. No podemos olvidar, por ejemplo, todo lo que pasó en el departamento de Antioquia. Esa tierra, entre bombas y muchas otras atrocidades, tuvo que ver morir a varios de sus protagonistas como el gobernador Antonio Roldan Betancourt, el coronel Valdemar Franklin Quintero, y muchos de los Magistrados y jueces que valientemente iniciaron investigaciones contra Pablo Escobar.
La Policía Nacional fue, tal vez, la institución contra la que el Cartel de Medellín se ensañó con más fuerza, toda vez que bajo la dirección del General Miguel Antonio Gómez Padilla, combatió sin cuartel al cartel y fue minando su estructura criminal con acciones inteligentemente planeadas. Por eso en su momento muchos no entendimos que en la negociación para que el “capo” se “entregara” se le aceptara el veto a la Policía, a la que no se le permitió inmiscuirse en la seguridad de la famosa “Catedral”.
Pero además fue víctima del macabro “plan pistola”, que consistió en ponerle precio a las cabezas de los policías, que partía de $2.000.000 para los patrulleros y subía si se trataba de un suboficial o un oficial. Muchos jóvenes humildes fueron asesinados como retaliación por el solo hecho de pertenecer a la Policía. Parecería que hoy hay un nuevo “plan pistola”, pues en los últimos días hemos visto que en aquellas regiones en donde la Policía, en coordinación con las Fuerzas Militares, está capturando bandidos del Clan del Golfo -fachada de reductos del paramilitarismo vinculados al narcotráfico- del ELN, de las disidencias de las FARC o de otras agrupaciones ilegales también asociadas al comercio de los estupefacientes, y ya con cierta frecuencia se asesina a patrulleros o suboficiales de la Policía, otra vez en venganza porque el Estado se les atraviesa, como debe ser, a sus macabros propósitos criminales.
No cabe duda que el General Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional y curtido oficial experto en inteligencia, con la colaboración de las Fuerzas Militares y de la Fiscalía le está asestando certeros golpes a estas asociaciones criminales, no solo responsables de tráfico de drogas sino de asesinatos selectivos de desmovilizados o de líderes sociales.
Ahora que está de moda hablar de la verdad, el país debe conocer integralmente esa dolorosa etapa de su historia.
El país no puede registrar como una cifra más, ni las masacres, ni la muerte de estos muchachos del pueblo que con orgullo portan el uniforme de la Policía Nacional. Y a propósito de la extradición, es cierto que la Constituyente que impulsaran jóvenes indignados por la muerte de Galán, prohibió la extradición de nacionales, que años después fue restablecida por el propio Congreso. Y allí hay otra paradoja. Se dijo que era necesaria una Constituyente a raíz del episodio del “mico” que en 1989 quisieron introducir para prohibir la extradición, argumentando que el parlamento no era el terreno para el cambio. Y la “Magna asamblea” fue la que aprobó el artículo 35 prohibiéndola.
Y fue primero el senador Germán Vargas Lleras quien presentó, durante el Gobierno Samper, un proyecto derogando ese artículo 35 y restableciendo la extradición, proyecto que inicialmente fue archivado. Y más adelante con la colaboración de varios senadores, entre otros, Claudia Blum, Piedad Córdoba, Luis Alfonso Hoyos, volvió a presentarlo. Luego el Gobierno hizo lo propio a través de la ministra de Justicia, Alma Beatriz Rengifo. Así entonces, con el concurso de otros parlamentarios como Roberto Camacho fue posible restablecer la extradición, que comenzó a aplicarse de manera no retroactiva, y solo a partir de la promulgación del AL en 1997. Por amenazas por su posición frente a la extradición, el senador Vargas Lleras tuvo que sacar a su familia del país.
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