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Como si eso fuera poco, el presidente, a través de proyectos de ley, de la iniciativa exclusiva en temas económicos, de la objeción de las leyes y hasta de reformas constitucionales, acaba asumiendo el papel de colegislador. Como bien lo recordó Ramiro Bejarano en su reciente columna, gracias a la reelección inmediata aprobada en 2004, se acentuaron los poderes nominadores del jefe del Estado en temas claves como el Banco de la República o la cúpula judicial.
Por la vía del clientelismo el Congreso a veces es percibido como un apéndice del ejecutivo. Casi que podría acuñarse el aforismo “quien nombra legisla”.
Pero más allá de estos fenómenos jurídico políticos, esa concentración presidencial tiene otras manifestaciones. Por ejemplo, todos los magistrados de las Altas Cortes -hasta los de la JEP- tienen que posesionarse ante el Presidente, así no los nombre.
A quienes alguna vez habitaron el Palacio se les sigue llamando “presidentes” como si nunca hubieran dejado de serlo. En EEUU, se les vuelve a dar ese título solo cuando mueren. Es decir, cuando entran al escrutinio de la historia. Aquí en Colombia la figura “ex presidencial” es demasiado influyente, para bien, o casi siempre para mal.
Desde 1910, cuando se permitió la reelección presidencial inmediata, se dijo que los expresidentes conservaban un círculo de aduladores -o lambones- que los impulsaban a presentarse nuevamente. Tres presidentes buscaron la reelección cuatro o más años después de haber dejado el cargo: López Pumarejo, Lleras Restrepo y López Michelsen. Solo tuvo éxito el primero, aun cuando no alcanzó a terminar su mandato, que culminó su entonces joven designado Alberto Lleras a sus 39 años.
Supuestamente para evitar eso fue que los constituyentes de 1991 prohibieron para siempre la reelección presidencial. Ya sabemos cómo en el 2004 se cambió esa columna vertebral de la Carta Política, no solo con el auxilio de la “engañada” Yidis, sino de encopetados personajes que desde entonces pasan de agache.
Como se sabe el Presidente es el responsable de declarar la guerra, negociar la Paz, y manejar las relaciones exteriores del país. Para eso la ley creó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que tiene como funciones asesorar al jefe del Estado en temas como “negociaciones diplomáticas y celebración de tratados públicos; seguridad exterior de la República, límites terrestres y marítimos, espacio aéreo, mar territorial y zona contigua, y plataforma continental...”.
Las reuniones informativas las preside la canciller y las consultivas el presidente. La presencia de los expresidentes, lejos de contribuir a consolidar la tradición de que el manejo de los asuntos exteriores de la Nación debe estar por encima de las controversias partidistas, ha servido para que la conviertan en cuadrilátero para resolver sus eternas inquinas.
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