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Últimamente me ha rondado en la memoria la imagen del contraste que viví cuando me tocó ausentarme precipitadamente del país. En la década del noventa, por cuenta de los riesgos de seguridad que me llegaron de la mano de las decisiones que tomé como procurador general, tuve que asumir la embajada de Colombia en Austria. Llegué allá acostumbrado a las noticias sobre magnicidios, carros bomba, atentados y tomas guerrilleras, para encontrarme con una Nación en la que el titular de mayor trascendencia y escándalo registraba la inundación del Río Danubio que dejó un saldo de (apenas) 4 muertos.
En el tiempo presente, más de 30 años después, los noticieros colombianos siguen en lo mismo. Un nuevo asesinato de un líder social o de un defensor de derechos humanos se presenta como un hecho rutinario en los informativos nacionales. No pensamos en el drama humano que hay detrás de cada crimen; en los huérfanos, en las viudas o en las familias destruidas que terminan convertidas en una estadística más. Este fin de semana fueron la bomba de Corinto, masacres en Cartago, secuestro y asesinato de un gran investigador del CTI en el Cauca, desplazamientos en el Charco, Nariño y, en otras regiones del país, asesinatos de policías, soldados, y un largo etcétera de atrocidades.
El narcotráfico -sin ser el principal problema- sigue siendo el combustible de toda clase de organizaciones ilegales amadas. No obstante, la respuesta no puede ser siempre que los cultivos ilícitos son la fuente de todos nuestros males. El narcotráfico es mucho mas que eso: uso de precursores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, corrupción de agentes del Estado, complicidades políticas, tolerancia social, y desde luego, el consumo en los países ricos. ¿No será acaso hora de replantear la fallida y onerosa “política antidrogas”? ¿No es absurdo que la marihuana, hoy en el torrente de la economía legal en los Estados Unidos, siga generando muertos en Colombia? No puedo dejar de recordar, que siendo juez penal debí condenar a muchas personas por el tráfico de unas cuantas libras de marihuana.
Con mucha razón, los medios han dedicado espacio al espeluznante caso de la pequeña Sara Sofía, asesinada o vendida por su progenitora. Pero, mientras todos nos quedamos enfrascados en la coyuntura, no nos hemos puesto a pensar si tenemos una política pública efectiva de protección a la infancia. ¿Alguien se ha detenido en el ámbito social en que vivía la pequeña inocente? Ella fue víctima de su madre, pero también de un sistema indolente y cruel. Paradójicamente, estos vejámenes contra los niños pasan en un país en donde supuestamente la Constitución dice que los derechos de los menores prevalecen sobre los de los demás.
Lo que es urgente es una política integral de prevención, que se podría financiar con el abultado presupuesto del Bienestar Familiar. Estas cosas siguen pasando a pesar del aumento de la pena y hasta de la cadena perpetua.
En 1958, Jorge Villamil compuso “El retorno de José Dolores”. La canción cuenta la historia de un campesino del Huila que retorna después de haber sido desplazado por la violencia liberal conservadora. Hoy hay más desplazados que entonces.
Y la violencia no para. El Estado no ha podido aún recuperar plenamente el territorio. Cuando se piensa en la ausencia de una clase dirigente que pudiera cambiar el rumbo del país, no debe perderse de vista que esa “maldita” violencia se nos llevó lo mejor de la juventud política: Jorge Eliécer Gaitán a los 48 años; Camilo Torres a los 36; Rodrigo Lara a los 37; Luis Carlos Galán a los 46; Jaime Garzón a los 39; Bernardo Jaramillo a los 36; Jaime Pardo Leal a los 48; José Antequera a los 40; Alfonso Reyes Echandía a los 53 y Carlos Pizarro a los 38...
A pesar de que ya no era tan joven, hay que incluir a Álvaro Gómez quien, desde su orilla, tenía una noción clara de los problemas del país. Es hora de tomar a Colombia en serio. ¿Cómo recuperar los liderazgos políticos que ya nos arrebató la violencia absurda?
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