emergencia

 

Protección a los procesados y esclarecimiento de la verdad

Hace algunos años, cuando el todopoderoso y temido paramilitar Salvatore Mancuso fue recibido en el Congreso -con imagen “lavada” con el apoyo de algún sector de los medios-, nadie hubiera imaginado que hoy lo verían dando declaraciones a la prensa en las que pide protección para él y para su familia.
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Algo similar había solicitado hace unos meses “Jorge 40” desde su lugar de reclusión en Colombia, sosteniendo que estaba dispuesto a revelar muchos secretos del paramilitarismo, razón por la cual eran muchos a los que beneficiaría su muerte. “El mono Mancuso” como le decían algunos de sus aliados políticos en Córdoba, denuncia además el asesinato de centenares de paramilitares desmovilizados, y el riesgo de muerte en que se encuentran muchos “combatientes” de las autodefensas. 

Durante todo este tiempo mucho se ha hablado de la necesidad de conocer toda la verdad sobre el conflicto armado como uno de los caminos para superar la violencia y lograr la reconciliación. En realidad nunca hemos avanzado del todo en el conocimiento de la verdad, con el falaz argumento de que, si se hace, caerían muchas “estatuas” pero no de colonizadores y conquistadores esclavistas, sino de personajes vivos de la política, el sector privado y hasta de la fuerza pública, cuyas responsabilidades aún permanecen ocultas.  

La Fiscalía General de la Nación tiene ahora la posibilidad de desempolvar muchos de los expedientes engavetados por años por las innumerables revelaciones que se hicieron en el proceso de Justicia y Paz que permitió la desmovilización de las paramilitares.   

Por eso mismo, no puede caer en el vacío la petición de Mancuso ni la de Jorge 40. En primer lugar, porque es obligación del Estado proteger la vida de los colombianos así estos hayan escogido el equivocado camino del crimen como guerrilleros, paramilitares y corruptos. Y en segundo lugar, porque cuando ofrecen hablar, la falta de protección puede dar la sensación de que no existe interés en que se revelen verdades que pueden afectar a “intocables” para utilizar las palabras con que titula su libro el general Oscar Naranjo donde cuenta la manera como fueron cayendo antiguos capos de la mafia. 

El gobierno debe buscar por los mecanismos diplomáticos el retorno de Mancuso al país, y darle todas las garantías para que ni su vida ni la de su familia corran peligro. Pero, claro está, que no se quede en simples anuncios o amenazas, sino que sin reserva alguna cuente todo lo que sabe pasando obviamente por los nombres de quienes desde la “legalidad” lo apoyaron en su accionar criminal. 

A comienzos de este año, el detenido ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, hizo una especie de “ronda de medios” para denunciar que en el sitio donde estaba recluido corría riesgo su vida, ya que se sabía que iba a contar todo sobre el cartel de la toga -expresión máxima de la simbiosis entre corrupción política y judicial-, y según sus palabras, faltaban muchos nombres por aparecer.  

El gobierno y la Fiscalía, atendiendo el llamado de la prensa -incluido el de esta columna-, aceptaron la petición de Moreno y lo trasladaron a la Escuela de Artillería, lugar donde tiene todas las garantías para su integridad personal. 

Sin embargo -que se sepa- el ex fiscal Moreno no ha cumplido su promesa, protegido como está, de entregarle a la justicia toda la información que almacena sobre el caso de corrupción político/judicial más grande en la historia reciente del país. 

Eso no puede pasar con los anuncios de los paramilitares. Toda la protección necesaria como debe ser por mandato constitucional. Pero que cumplan con la obligación de revelarle al país todos los secretos del paramilitarismo, cuidadosamente guardados, aun cuando se agoten en las droguerías las existencias de los calmantes para más de un asustado. 

RECHAZO A UN ATENTADO 

Independientemente de las posiciones políticas, los colombianos sin excepción debemos expresar nuestro firme rechazo al acto criminal que atentó contra la vida del presidente de la República. Cuanto antes debemos saber no solo la forma cómo se planeó y organizó, sino los protervos fines detrás del mismo y llevar a sus autores ante la justicia. Toda mi solidad para el presidente y su familia. 

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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