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Es cierto que en el pasado algunos “operadores” de justicia parecían marcianos o lunáticos. A propósito de hechos recientes, quiero volver sobre el principio general en materia de aplicación de la ley penal, llamado de la territorialidad, en virtud del cual aquella rige para los delitos cometidos en el territorio nacional independientemente de la nacionalidad del autor o del sujeto pasivo o de la víctima. (Art.14 C.P.).
Las excepciones se derivan del derecho internacional, bien sea por el fuero de los diplomáticos o por los tratados públicos suscritos por Colombia en lo que tiene que ver con la colaboración en la lucha contra la delincuencia transnacional.
Así ha pasado en materia de lucha contra el tráfico de estupefacientes en cuanto se trata de un delito transnacional que puede cometerse parcialmente en el exterior. Se aplica la extradición -incluso la de nacionales que solo prohibió inicialmente la Constitución de 1991 por razones bien conocidas- y entonces el país, renuncia a su soberanía judicial.
Colombia ha honrado y sigue honrando sus compromisos relativos a la colaboración en la lucha contra el tráfico de drogas.
A raíz de hechos muy graves ocurridos recientemente que comprometen la seguridad nacional, y hasta la propia vida del jefe del Estado, se ha hablado de la posibilidad de extraditar a EEUU al principal sospechoso: Andrés Medina, capitán retirado del Ejército, en la medida en que con la acción contra la brigada XXX de Cúcuta se puso en riesgo la vida de militares americanos.
Basta leer algunos titulares del fin de semana para dimensionar la gravedad de lo que pasó. La unidad investigativa de El Tiempo, por ejemplo, contó que los “atentados a Duque y a la Brigada destapan manejos oscuros de escoltas, armas y exmilitares”. De la misma investigación periodística se deduce que, “Isvi, la firma en que (el capitán) trabajó con otro capturado, escoltó a Iván Duque en campaña y a Bill Gates”.
Revelaciones aún más comprometedoras que estas se sugieren de la entrevista que le dio el fiscal general Francisco Barbosa a Semana. Por sus alcances, en esta investigación no puede quedar ningún “cabo” suelto. El país tiene el derecho a que las autoridades nacionales determinen hasta el último detalle del intento de asesinar, nada más y nada menos, que al presidente de la República. Esa indagación aún no está completa.
El peor error sería extraditar a los EEUU al principal sospechoso para que con él “vuele” la verdad, como pasó con los jefes paramilitares, antes de que respondieran en el país por desapariciones, magnicidios, masacres, torturas y toda clase de crímenes contra el DIH.
El principio de territorialidad tiene sentido porque es en el país donde se cometió el delito, donde están las evidencias o, como suele decirse ahora, los “elementos materiales probatorios”.
Cuando estos crímenes se hayan aclarado y el capitán haya aportado todo lo que sabe a la investigación y cumplido la pena en Colombia, podría también responder ante la justicia americana. No antes. No hay que reincidir en el error.
De la Política a la Literatura:
Tuve la fortuna de conocer a Gina Parody, en los comienzos de su fulgurante carrera pública, cuando era la asistente parlamentaria de María Isabel Rueda, quien con ciento diez mil votos de opinión fue elegida Representante a la Cámara en 1998.
Desde entonces escaló en la política convirtiéndose muy pronto en senadora estrella en el gobierno de Uribe -de quien se apartó por motivos ideológicos- directora del Sena, ministra de Educación con Santos y potencial candidata presidencial.
Nos sorprende ahora, no sólo con su anuncio de retiro definitivo de la política, sino con su tránsito a la literatura con la novela, “Mujer Amurallada”, matizada con rasgos autobiográficos, que va a dar mucho de qué hablar y sobre todo escribir -por la muy buena forma literaria como mezcla denuncias sobre una sociedad machista, clasista, y homofóbica. Seguramente que algunas escenas eróticas escandalizarán a cierta parte “pacata” de la sociedad colombiana.
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