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Habría que señalar que Colombia ha cumplido todas las “tareas” que se le asignaron dentro del contexto de esta “guerra” vista hoy como fracasada en la medida en que no se ha podido disminuir el consumo ni las inmensas riquezas y la desinstitucionalización en algunos países como el nuestro que genera el “combate” contra la oferta.
Hemos aumentado exponencialmente las penas en la medida en que en algunos casos resultan más altas que las previstas para otros bienes jurídicos como la vida o la integridad personal, la propiedad, y hasta el régimen constitucional.
Durante el gobierno de Virgilio Barco, inicialmente con decretos de Estado de Sitio, se creó la extinción de dominio de los bienes de los narcotraficantes, invirtiendo incluso la carga de la prueba y desvinculándolo de la responsabilidad penal.
A pesar de que la Corte Suprema de Justicia tumbó en 1986 el tratado de extradición firmado durante el gobierno de Turbay, el gobierno de Barco, desafiando todo el poder terrorista y de corrupción de los capos de la droga, la siguió aplicando por la vía administrativa.
Es conocida la larga estela de asesinatos, incluido el de Luis Carlos Galán, por cuenta de la defensa de la extradición. Con la idea de “apaciguar” a los capos se cambió la Constitución en 1991 para prohibir su extradición.
Ni eso funcionó para acabar con el narcotráfico. Salvo el interregno -entre 1991 y 1997 cuando se restableció por el Congreso durante el gobierno Samper- todos los gobiernos han concedido las extradiciones que les han sido solicitadas.
Hemos llegado a extraditar personas por el envío de kilos o toneladas de coca, a pesar de tener procesos y hasta condenas por delitos como homicidio, genocidio, tortura, desplazamiento y desaparición de personas en nuestro territorio.
Tres experiencias de mi vida pública permiten ver cuál ha sido la actitud de nuestro Estado. Siendo juez penal en los comienzos de la década del 70 recibí las primeras amenazas cuando llevaba un proceso contra traficantes de marihuana. Pienso ahora, en la forma como se ha legalizado su consumo y venta en algunos Estados de la Unión Americana.
Aquí mismo vamos a tener la dicotomía de cultivos legales e ilegales de cannabis.
La segunda, fueron las serias amenazas contra mi vida por haber emitido un concepto como Procurador General de la Nación a favor de la extradición administrativa, cuando muchos sectores políticos estaban intimidados por el lema de los narcos que “preferían una tumba en Colombia que una cárcel en el exterior”.
¡Y pensar que dos años después, la propia Asamblea Constituyente cedería ante la presión de los capos!
Y la tercera, ya como Ministro de Justicia en el 2014, recibiendo las solicitudes de extradición express de los narcotraficantes pues ya para entonces preferían una negociación de penas en los EEUU que un proceso en Colombia. ¡Cómo cambian los tiempos!
Por todo esto, el hecho de que en la nueva estrategia estén en primerísimo plano los componentes social, económico y ambiental, por encima de la propia represión -aun cuando no se fija partido sobre el discutido tema de la aspersión- marcó un rumbo en la dirección correcta. No se puede seguir centrando el tema en los “cultivos ilícitos”. La mejor manera de combatirlos es una reforma agraria de verdad.
Nadie entiende la facilidad con que los precursores químicos circulan en las zonas de producción. Ni que decir del lavado de activos en todas sus modalidades, y el gran ingrediente de la corrupción, sin el cual el narcotráfico no hubiera podido florecer. Y naturalmente, el tema del consumo cuyo combate es muchísimo más complejo pues supone entender por qué grupos de personas llegan a la necesidad de consumir drogas.
Solo Barco, en la cumbre de Cartagena en 1990, planteó la corresponsabilidad y logró para Colombia diez años de ventajas arancelarias para nuestros productos, advirtiendo desde entonces la necesidad del enfoque social y económico más allá del puramente militar, judicial y policial.
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