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Podríamos decir que fue la primera “comisión de la verdad”. El gobierno de Lleras Camargo encomendó el trabajo a: Monseñor Germán Guzmán Campos, sacerdote tolimense quien como párroco del Líbano y conocedor de la zona había sido testigo de las barbaridades de la violencia política; al sociólogo Orlando Fals Borda; y, al gran jurista y fogoso orador liberal del MRL, Eduardo Umaña Luna. El texto sigue siendo de obligada lectura para quienes quieran comprender esta terrorífica historia del país desde la mitad del siglo XX hasta hoy.
Hubo una reedición reciente con un gran prólogo del expresidente del Consejo de Estado y hoy magistrado de la JEP, Danilo Rojas, coterráneo de Monseñor Guzmán. De allí se dedujo la cifra de trescientos mil muertos, casi todos campesinos y hombres del pueblo, asesinados por ser liberales o conservadores. Ese violento huracán desatado a finales de la década del cuarenta, y que quiso detener en febrero de 1948 Jorge Eliécer Gaitán con la manifestación del silencio y la oración por La Paz dirigida al presidente Ospina Pérez. Nadie respondió por esas muertes inspiradas por el sectarismo de los políticos. El país siempre le ha tenido ‘pavor’ a la verdad. Parafraseando a López de Mesa “de cómo se ha formado la Nación colombiana” puede decirse que sobre el ocultamiento y la mentira solo podemos “deformar la Nación.”
Más de cincuenta años después, otro sacerdote, el Jesuita Francisco de Roux, preside otra comisión, ya no designada por el gobierno, sino surgida de los Acuerdos de Paz de La Habana, para esclarecer –sin alcance judicial– la verdad de lo que pasó desde 1958 en desarrollo de ese extraño “conflicto armado”, en el que no hubo una división entre “dos colombias”, sino acciones y omisiones de todo orden que produjeron alrededor de medio millón de muertos, pasando por torturas, secuestros, toma de pueblos, reclutamiento de niños y adolescentes, crímenes de guerra, violencia sexual, violaciones de todo orden al derecho internacional humanitario, desapariciones forzadas y desplazamiento de millones de compatriotas.
Es muy temprano para evaluar integralmente el trabajo de la comisión, pues apenas se conoce parcialmente el documento y únicamente el discurso –homilía– del padre de Roux, un conocedor como pocos del conflicto y sus atrocidades y un pacifista empedernido. Por ese informe desfilan todos los llamados “actores del conflicto”: guerrilleros, con sus “cárceles del pueblo” y secuestros infames; militares que deshonraron el uniforme y participaron en ejecuciones extrajudiciales; paramilitares que cometieron las peores masacres y, desde luego, todos los sectores de la sociedad que miraban para otro lado cuando semejantes salvajadas pasaban. Este no es un expediente judicial. Es una primera aproximación para conocer realmente como pudimos vivir en semejante barbarie y creer que estábamos en una democracia. Claro que allí pueden encontrarse errores, equivocaciones e imprecisiones, pero no se debe rechazar in límine ni atribuirle sesgos ideológicos. Las responsabilidades son múltiples y la mayoría de las víctimas civiles.
Ubiqué una de esas imprecisiones y tiene que ver con el expresidente López Michelsen. No es cierto que él haya buscado a los narcotraficantes en Panamá después del crimen de Lara Bonilla. Estaba como invitado del gobierno y fue ubicado por ellos para transmitirle al presidente Betancur una propuesta de rendición a cambio de no extradición. El presidente envió al Procurador General. Si estaba estudiando la propuesta –que irónicamente aceptó la constituyente después de una chorrera de muertos– pero se arrepintió cuando Juan Manuel Santos la divulgó en EL TIEMPO.
Y como dijo María Isabel Rueda, puede ser contraproducente la propuesta de cambiar el procedimiento de elección del Fiscal que sugiere la comisión. Más adelante, en unos años, se podría acoger el sistema americano.
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