Listas cerradas, pero con partidos

Alfonso Gómez Méndez

Entre las distintas propuestas de reforma constitucional que se tramitan en primera vuelta en el Congreso bajo el pomposo y reiterativo mote de ‘reforma política’, tal vez la que puede llegar a tener mayor trascendencia es la que establece la llamada lista cerrada con paridad de género en las corporaciones de elección popular.
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Lo que ocurre es que su validez está necesariamente unida al rescate de los partidos políticos, hoy convertidos en simples fábricas de avales o en rótulos que se trastean de lado a lado con increíble facilidad.

Lo opuesto a la lista cerrada es la conocida como “preferente”, que prácticamente hizo carrera después de la Constitución de 1991. Ambas fórmulas tienen sus particulares complejidades, que deben ser analizadas con cuidado.

La lista cerrada –cada partido inscribía solo una– tuvo su esplendor cuando en el país hubo partidos de verdad en los que los directorios se encargaban de elaborarlas, tratando de interpretar la voluntad de los electores, pero además con la idea de llevar a los mejores candidatos al Congreso. Un hecho paradójico de nuestra política es que aquí hubo verdaderos partidos: Conservador, Liberal, Anapo, MRL, Comunista, cuando no estaban sometidos a tanta reglamentación legal: esos partidos no tenían personería jurídica, pero sí personería política.

Hoy en día, después de tanta maraña normativa, el fenómeno es inverso. ¿Cuántos de los que ahora llamamos partidos no son más que “entelequias jurídicas” sin sustento popular? La expresión más burda de este fenómeno es que un hombre de la trayectoria política y personal como Humberto de la Calle –Registrador, ministro y Vicepresidente a nombre del partido liberal– actualmente esté ‘amarrado’ por una de esas extravagantes figuras sin respaldo político serio llamada “Verde Oxígeno”.

Las listas cerradas mantuvieron esa cohesión partidista permitiendo que grandes intelectuales sin clientela propia llegaran al Parlamento para brillar en él. La contrapartida fue la dictadura del bolígrafo por cuanto muchas veces los directorios que inscribían las listas dejaban por fuera, o en renglones de quema, a quienes no hacían parte de la rosca.

Por eso se abrieron las listas con la idea de que el pueblo no votara en bloque sino por el candidato de su preferencia y así se “organizaba” la lista en las elecciones. El resultado fue tan adverso que se encareció la política, pues cada renglón era una campaña y cada candidato tenía que tener: jefe de debate, jefe de prensa, comité financiero y hasta asesor de imagen. Así penetró ‘don dinero’ a las campañas y en algunos casos las mafias del narcotráfico o de la contratación ilegal se convirtieron en los grandes electores, erosionando los partidos hasta llegar al lamentable estado de postración en que se encuentran hoy.

El sistema de la lista cerrada es bueno si hay partidos de verdad, algo que no se puede hacer en meses. Pero lo más importante –y hasta ahora no se sabe cómo lograrlo– es tener clarísimos mecanismos de democracia interna para evitar que revivan o se mantengan el bolígrafo o la dictadura de los avales. Las consultas no pueden ser abiertas –como se ha hecho, distorsionándolas claramente– sino adelantadas entre los militantes del mismo partido, lo que supondría una verdadera organización que aún no se vislumbra.

Esa tergiversación se ha visto en las últimas elecciones cuando las consultas internas han sido utilizadas o bien para visibilización o para buscar financiación estatal. Este puede ser el momento para enmendar el error que se cometió en el 91 de facilitar la extinción de los partidos políticos.

 

Necesaria y urgente investigación

No son de poca monta las aseveraciones del exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, en carta al Embajador de los Estados Unidos publicada el domingo en este diario. Debe aclararse si es cierto que alguien –no se sabe si un impostor o un funcionario extranjero– ha mandado mensajes extorsionistas a fiscales si no actúan en determinado sentido. O si hay funcionarios gubernamentales involucrados. Y si no es así, qué es lo que realmente está pasando. La Justicia tiene la palabra.

 

Alfonso Gómez Méndez

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