Sin profundizar mucho los conceptos, durante esta prematura etapa pre-electoral, los protagonistas políticos hablan de que la división está entre la extrema izquierda, la izquierda, el centro, el centro izquierda, la derecha y la extrema derecha.

En mi pasada columna hice un recuento parcial de los episodios violentos que sufrió la ciudadanía colombiana a finales de la década del ochenta, por la decisión firme de las autoridades -gobierno, Policía, jueces, magistrados, periodistas- de no ceder ante las pretensiones de los narcotraficantes que quisieron “arrodillar” al

Desde que en Colombia se desató con fuerza el fenómeno del narcotráfico, la agenda política del país ha estado, en buena medida, regida por la figura de la extradición. La discusión en torno a la pertinencia de su aplicación, además de producir miles de muertos, terminó incluso dándole vida a la Constitución Política que nos rige hasta hoy. El lío entre Colombia y Cuba por cuenta de los jefes del Eln que se encuentran en la isla, y la aparentemente fallida extradición desde España de alias El Zarco, según se dice, testigo clave de los “falsos positivos”, volvieron a poner de moda el tema.

Este lunes se cumplieron 55 años de la muerte del sacerdote guerrillero Camilo Torres Restrepo, quien cayó en combate, en San Vicente de Chucurí, por la torpeza política del Eln de incorporarlo a sus filas.

La elección de Juan Carlos Granados, recién posesionado magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, avizora una posible colisión de competencias entre la Corte Suprema de Justicia y el Congreso en razón de que, antes de su nombramiento, el funcionario estaba siendo procesado por la Sala de Instrucción de la Corte en su condición de exgobernador. Ese aparente “choque de trenes” revive la discusión sobre el alcance del fuero para investigar al Presidente y a los altos funcionarios de la Rama Judicial.

El Auto de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, en virtud del cual esa Jurisdicción, aplicando el principio de responsabilidad en el mando, llama a responder a ocho de los miembros del antiguo secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad que incluyen tomas masivas de rehenes, torturas, homicidios y violencia sexual, entre otros, ha vuelto a agitar el debate sobre temas sensibles como la relación entre conflicto armado y justicia, responsabilidades colectivas por el ejercicio del mando, protección de las víctimas, y la compatibilidad entre acusaciones por graves violaciones a los DD.HH. y el ejercicio de la política.

Muchas son las consideraciones que pueden hacerse a propósito del reciente relevo en la Casa Blanca más allá de si ello implica un necesario cambio en nuestra agenda internacional. No es verdad, como a veces suele decirse, que entre más dispersión partidista -o la ausencia misma de partidos- existan mayores posibilidades de alternación en el ejercicio del poder. Aún cuando en una especie de tradición no escrita, el periodo de cuatro años -el mismo nuestro- con pocas excepciones en la historia constitucional, se extiende a ocho por una reelección casi garantizada, esta vez, de manera poco usual, el mandatario en ejercicio no logró hacerse reelegir.

Gran aporte al conocimiento de nuestra historia ha hecho el abogado y escritor Óscar Alarcón Núñez, con la publicación del texto “Pasado, presente y futuro de la Procuraduría General de la Nación, 190 años”. Con sus ya reconocidos dotes de historiador, hace un recorrido sobre el surgimiento y vicisitudes de una institución indisolublemente unida a nuestra vida republicana.

Como cada final y comienzo de año, esta vez volvió a agitarse el farisaico debate de comparar el aumento del sueldo de los parlamentarios con el que recibieron los millones de colombianos que “viven” del salario mínimo. El sueldo congresional es igual al de los magistrados de altas cortes y de las cabezas del poder judicial.

La falta de claridad sobre las elecciones parlamentarias y presidenciales del 2022 -en lo que coinciden numerosos analistas- se origina, entre otros factores, en el hecho de que a partir de 1991 en Colombia prácticamente desaparecieron los partidos políticos y que en cambio hoy solo existen supuestos “movimientos” que no resisten más de una elección.