El vértigo de los acontecimientos de los últimos días -que han llegado al corazón mismo del poder- vuelve a facilitar la reflexión sobre el contenido, alcances y sentido de lo que llamamos genéricamente las “instituciones” y nuestro “sistema democrático”.

En un programa radial del domingo pasado, Roberto Pombo volvió a agitar la idea de pensar en cambiar el rígido régimen presidencial por uno parlamentario.

El artículo de The Economist con el llamativo título ‘Una ola de gobiernos de izquierda en la América Latina es una advertencia para el mundo’, actualiza la discusión sobre si realmente hay diferencias ideológicas y políticas en lo que a manera de estereotipo se conoce como izquierda y derecha.

La información suministrada por el gobernador del Meta, Guillermo Zuluaga, sobre combates entre el Ejército Nacional y grupos armados –no se sabe si disidentes de las Farc, el Eln u otros– no es la única noticia que nos hace recordar qué lejos estamos de alcanzar la paz, en toda la extensión del concepto.

La inconveniente y equivocada afirmación del presidente de la República en el sentido de que el fiscal General de la Nación es su subordinado, como si fuera un ministro de su libre nombramiento y remoción, sirve de catalizador para que vuelva a pensarse en la necesidad de replantear el sistema presidencial.

Por iniciativa de la Federación de Departamentos y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y con la coordinación del exconsejero de Estado William Zambrano, se han venido realizando en distintas universidades del país, entre ellas, el Externado, la del Tolima y la de Ibagué, una serie de foros para conmemorar los ciento sesenta años de la Constitución radical de Rionegro de 1863.

Como expresión del presidencialismo absoluto, una especie de monarquía que ha predominado en nuestro derecho público, el jefe del Estado siempre ha tenido la facultad omnímoda de nombrar y remover a sus ministros sin necesidad de dar explicación. Pero en tres ocasiones ha existido una especie de limitación al ejercicio de esa facultad.

Rafael Caicedo Espinosa, curtido político liberal tolimense, gobernador, senador, ministro y embajador, de quien recibí muchas lecciones políticas, hace varios años me contaba que, durante la revuelta del nueve de abril, mientras ardía Bogotá y el pueblo reaccionaba de manera desordenada por el asesinato de Gaitán, los revolucionarios en Honda estaban enfrascados en una ardua discusión sobre cómo deberían ser los “estatutos de la revolución”.

Probablemente, para muchos colombianos menores de cuarenta años, pasó relativamente inadvertida la conmemoración de los 75 años del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el líder popular de más arraigo entre las masas y cuyo magnicidio dividió en dos la historia del siglo XX. En materia de violencia, el país aún no supera las consecuencias de ese asesinato.

El anuncio de un sector del Gobierno de utilizar el conocido método de negociar al detal con congresistas para que desconozcan las directivas de sus ‘jefes’ y aprueben a rajatabla la reforma al sistema de salud, otra vez revive el tema del clientelismo, lentejismo, transfuguismo o voltearepismo en que se convirtió la política de un tiempo a esta parte.