El derecho a protestar y el derecho a la vida

A raíz de las marchas del miércoles pasado, en varias redes sociales apareció la siguiente frase: “Salimos a marchar por un mejor país y nos dimos cuenta de que lo que necesitamos son mejores ciudadanos”.
PUBLICIDAD

Esta frase señala en gran medida nuestra realidad cultural o más precisamente la brecha que nos separa de otras culturas con una mayor historia de vida en comunidad.  Partamos de aceptar que existen diferentes razones para expresar disenso colectivo, siempre las habrá, esa es la base de una democracia. Como decía Estanislao Zuleta, la democracia no aboga porque todos seamos iguales, sino que parte de reconocer que todos somos diferentes. Podemos legítimamente no estar de acuerdo con las medidas gubernamentales que buscan gestionar la pandemia que tanto nos ha afectado, y que continúa haciéndolo. Podemos estar en desacuerdo con la propuesta gubernamental de una necesaria reforma tributaria. Estas y otras son razones para justificar una protesta colectiva, pero no resulta razonable ni racional aprovechar la legítima protesta para realizar actos de vandalismo. No es razonable porque no existe una correlación entre la destrucción de estaciones de Transmilenio, la quema de buses de transporte público y los asaltos a bancos y supermercados con el manejo de la pandemia o con la reforma fiscal. Y no es racional porque estos actos reflejan una incapacidad para reflexionar sobre las consecuencias de las acciones que se están llevando a cabo, son más bien el resultado de impulsos emocionales que salen a flote como consecuencia de frustraciones acumuladas, por supuesto si dejamos de lado a quienes intencionalmente quieren producir daño para generar caos.    

El ejercicio de la protesta es un derecho fundamental que está consagrado en nuestra Constitución, como también lo está el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad. Por lo tanto, debemos aceptar que mientras que algunos quieren manifestar públicamente su desacuerdo, otros son libres de no hacerlo. No es fácil balancear estos dos derechos fundamentales en un momento dado. Sin embargo, las marchas ocurren en el momento en que el país atraviesa por el tercer pico de contagio, más fatídico que los anteriores, y el Tolima ha declarado la alerta roja debido al incremento en la ocupación de camas UCI. Por lo tanto, las marchas son un riesgo muy grande de contagio no solo para quienes en ellas participan sino, sobre todo, para sus familiares cercanos quienes pueden ser los más vulnerables. Es ingenuo pensar que puedan realizarse manifestaciones masivas que cumplan con los protocolos de bioseguridad, pues estos no solo exigen el uso adecuado del tapabocas sino un distanciamiento social mínimo. Claramente las imágenes de televisión que vimos en los noticieros mostraron la imposibilidad de cumplir con estas dos medidas. 

Repito, el derecho a protestar legítimamente es vital en una democracia, el sábado conmemoramos el día internacional del trabajo que surgió precisamente en respuesta a la constante represión del derecho a disentir. Pero, el derecho a la vida es un valor supremo de toda sociedad y su protección es un deber de todos los que en ella habitamos. Aprender a valorar cual debemos priorizar en cada momento es fundamental para el ejercicio ciudadano que tanto necesitamos.

ALFONSO REYES ALVARADO

Comentarios