Que las variaciones climáticas y la renovación de los cafetales, aunadas a la pobre capacitación que tienen los caficultores en técnicas de administración de fincas y cultivos y la sustancial merma del precio internacional por efecto de la revaluación del peso, coadyuvaron a la situación, es lo que hasta ahora se nos ha dicho para justificar la sucedido.

Todo lo cual -con excepción de los bruscos cambios climáticos que se vienen experimentando en Colombia-, no excusa y lleva a sindicar de negligentes a los encargados del manejo técnico y del mercadeo de la rubiácea frente a sus obligaciones, como son el adecuado desenvolvimiento tecnológico, el apoyo logístico a los productores, la investigación orientada hacia la mayor productividad y la búsqueda de la mejor calidad y producción dirigida a la obtención de cafés excelsos y especiales, a más de oportunas políticas de renovación y nuevas siembras.

De manera tal que si ello es así, ¿cuál puede ser la respuesta que entreguen la Federación Nacional y los Comités regionales frente a tan sombría realidad?

¿Que dejaron de cumplir con las tareas para las que se crearon? ¿Que se burocratizaron y encerraron en las ciudades a cuidar los privilegios de sus funcionarios, mientras en el campo los cafetales envejecían y mermaban su producción y calidad? ¿Que no supieron interpretar a tiempo las tendencias de los mercados? ¿Que de la mano de Luis Genaro Muñoz se politizaron y dejaron de lado su razón de ser de servicio al productor? ¿O que definitivamente perdieron su liderazgo y mostraron su incompetencia para conducir a los cultivadores hacia los niveles de eficiencia requeridos?

Porque lo cierto es que la cosecha del país cayó a 7,7 millones de sacos de 60 kilos, la cifra más baja registrada en mucho tiempo, de los cuales el Tolima, como tercer productor en Colombia, contribuyó con una participación del 11 por ciento, apenas sí una cifra cercana a los 800 mil sacos.

Una agresiva política de mejoramiento del ingreso a los cultivadores, bien diversa al precario y demagógico apoyo financiero dado por el gobierno a los pequeños productores, que escasamente monta a 60 mil pesos por carga, es de lo que se requiere con urgencia si no queremos que la caficultura perezca con las graves secuelas socioeconómicas que ello tendría.

Supresión de impuestos y reales subsidios como otrora y por largos períodos de tiempo el gremio lo hizo con el país, dotación de infraestructura útil y duradera en las zonas cafeteras; una permanente, consistente pero, por sobre todo, oportuna asistencia, orientada hacia la tecnificación y la reducción de los costos operativos de las fincas productoras, podrían ser otras medidas que se advierten como realmente valiosas para remediar la nefanda circunstancia que se vive.

Todo de urgencia vital en procura de devolver rentabilidad a la industria, ya que el ingreso real de los cultivadores del grano, medido como el valor de cosecha a precio interno, ha descendido a niveles intolerables al punto de casi tornar inviable económicamente la actividad.

No hay que olvidar lo que alguna vez se dijo del país en alusión a su principal elemento de estabilidad social: “Colombia es café o no es”.