La reelección de alcaldes es uno de ellos, como hemos podido apreciarlo, pues cada vez que se le presenta al imaginario político del país, este se alinea, más de acuerdo con la costumbre ya generada por la normatividad vigente, o con personales intereses, que por razones de conveniencia o inconveniencia institucional.

Y son múltiples y variados los argumentos invocados, tanto en favor como en contra, cuando lo cierto es que nunca el tema se ha encarado con cabeza fría y ánimo sosegado, desde cuando el periodo se fijó en cuatro años, a pesar de ser, en apariencia, muy breve para hacer cualquier eficaz gestión o encontrar eficiente solución a la compleja realidad de la problemática local, pues como se ha visto, la sola ejecución de un inventario detallado y juicioso de las necesidades de un municipio, o un estudio técnicamente realizado para la prestación de un servicio público, demandan un lapso mucho mayor.

Parece ser que la gran verdad es que detrás de ese inacabado debate se mueven los más variados intereses que, a la manera de las garras del lobo, se ocultan para evitar que sean advertidas anticipadamente por el grueso de la opinión.

Así, futuros aspirantes al gobierno local y sus caudas ven en la reelección la eventual frustración de sus ambiciones de hacerse con el poder y los contradictores del mandatario actual la miran como la probable prolongación del "desierto burocrático" que ya han transitado.

Y, de esta forma, se elude y disuelve en el tiempo el estudio sobre el verdadero sentido y la posible bondad de la medida: la de servir, a manera de consulta permanente para prolongar o no en el tiempo, la gestión de los buenos alcaldes, o para sancionar a los que no lo hagan bien, negándoles la opción de continuar en su cargo.

Tal como ocurre en otras democracias más maduras, en las que se brinda al electorado este tipo de opciones, cuya bondad resulta irrefutable: al efecto bastaría mirar las veces que se permite la reelección de su alcalde en una ciudad tan compleja como Nueva York y el tiempo que Michael Bloombreg lleva al frente de su cargo.

De manera tal que si los actuales burgomaestres van a ser o no ser los primeros beneficiados con la medida, dependería exclusivamente del querer de los munícipes de hoy, satisfechos o no con su gobernante.

No es con argumentos falaces que se debe impedir los pronunciamientos frente a soluciones colectivas y buscar el favor de la opinión; es con la ley del 'Consentimiento de las Mayorías' que se decide, y así deberá aceptarse siempre que sea de manera clara y transparente.