El principal flagelo que afecta a Colombia hoy y con caracteres de endemia, es el del individualismo y la actitud egoísta que de él se deriva, el cual se ha ido enquistando en todas y cada una de las instituciones hasta llegar a colonizar el alma de sus pobladores, tornando la sociedad actual en un conjunto de seres dispersos y distantes del congénere, preocupados solo de sus íntimos asuntos y completamente desentendidos de lo que pueda llegarle a suceder a sus coterráneos o lo que pueda acaecer en su entorno.

Tal situación se refleja en el diseño y conformación de nuestras ciudades en donde coexisten que no conviven, la opulencia del palacio con la miseria del rancho, el desenvolvimiento con el subdesarrollo, el avance científico y tecnológico con la rampante ignorancia, o en pocas palabras,  la posmodernidad con el atraso.

La dirigencia de antaño preocupada por el mejor estar de su comunidad devino, lenta e imperceptiblemente, en el imperio de personajillos de traje gris y poca monta, que sin mayores escrúpulos persiguen hasta alcanzar las posiciones de dirección y comando, que luego usan para acrecentar sus privilegios personales y los de sus validos, indiferentes con lo que pueda suceder en su entorno.

Convirtiendo el país en idóneo caldo de cultivo para la violencia de todas las pelambres y en coto de caza de la injusta maldad de los corruptos, llevando a la bancarrota la necesaria cohesión social que debe tener toda comunidad organizada.

Magistrados que ocupan sin enlucir los sitiales que otrora ocuparon juristas de la estatura ética y moral de Liborio Escallón, Ricardo Hinestrosa Daza, Antonio Rocha Alvira, José Antonio Montalvo, Hernán Salamanca, Arturo Tapias Pilonieta entre otros o más recientemente, Alfonso Reyes Echandía y Manuel Gaona, y legisladores que vienen a suceder que no a reemplazar a destacados parlamentarios como Darío Echandía, Carlos Arango Vélez, Alberto Lleras, Juan y Carlos Lozano y Lozano, Silvio Villegas, Augusto Ramírez Moreno, Fernando Londoño y Londoño, Gilberto Alzate y tantos otros, en contravía del espíritu de la Carta del 91, han terminado mediante una torticera ley de 1992 por diseñar el régimen pensional más inequitativo y cuestionable en el que, a diferencia de los demás colombianos, haciendo abstracción de lo aportado por ellos al sistema en su vida laboral, incorporan todo lo que recibieron en su último año de trabajo y con fundamento en ello adquieren multimillonarios ingresos que rebasan lo justo, para el resto de sus vidas.

Todo ello luego de haber legislado en su propio beneficio o procurado indecorosamente sentencias de sus pares del Consejo de Estado o de la Sala Laboral de la Corte Suprema que convalidaran tan desbordadas e injustas pretensiones, poniendo en riesgo la estabilidad económica de todo el sistema y la posibilidad pensional de los más, que tienen igual o en veces mejor derecho a un ingreso adecuado que les asegure salud, alimentación vestuario, vivienda digna y los servicios asistenciales necesarios, pero que en virtud del principio de igualdad, se sometieron al régimen prestacional ordinario, después de consagrar su vida al trabajo con dedicación y entrega.