Cuando aún resuenan los ecos del espurio intento de reforma a la Justicia, que plagado de “micos” intentó poner en vigencia el Gobierno encabezado por el entonces ministro Juan Carlos Esguerra, y que gracias a la vigorosa protesta de la opinión recibió “adecuado entierro”, se nos viene encima otro suceso no menos grave que contribuye a acentuar, la pérdida del respeto institucional que merece esta rama del poder público.

La investidura de Alberto Rojas Ríos, nada menos que como nuevo Magistrado de la Corte Constitucional, un abogado cuyo ejercicio profesional está afectado por prácticas, al parecer poco acordes con la ética que debe orientar tan noble actividad. 

Lo cual viene a ratificar y poner una vez más en evidencia esa verdad sabida por todos: que en Colombia prevalecen los intereses políticos del ejecutivo por sobre las instituciones, y lo que es más grave aún, por sobre los descaecidos valores.

Todo ello por cuanto el Presidente se encuentra requerido de consolidar sus mayorías al interior de la encargada de la guarda constitucional con miras a estructurar su circunstancia política frente a una eventual reelección. 

Y esto se da en momentos en que en la mesa de negociación de la Habana, los narco-terroristas de la Farc desconceptúan el aparato jurisdiccional sindicándolo de carecer de legitimidad y dignidad y lo impugnan como poco o nada idóneo para juzgar sus criminales ejecutorias, obligando a la Ministra del ramo a salir a los medios a refutar tan graves aseveraciones y al país a cerrar filas al lado de su respetable institución.

No obstante y pese a lo delicada de la situación, inexplicablemente el Consejo de Estado, -máxima instancia contencioso administrativa-  contribuyó de manera eficaz a deteriorar la imagen de la Rama, al ternar a Rojas, quien como dijimos se encuentra en entredicho frente a la opinión nacional por su cuestionada trayectoria en el campo jurídico e igual cosa han hecho, el Congreso al elegirlo por mayoritaria decisión y el Presidente, -pretextando imperiosa obligación legal-, al introducirlo subrepticiamente a Palacio a posesionarlo de afán, a espaldas de los medios y desoyendo el rechazo colectivo.

Todo en desmedro de la dignidad y credibilidad merecida por esta alta repartición del Poder público, que viene propugnando por el mejoramiento de su descaecida imagen.

Claro que alguien podría anotar que para ello bastaría la paquidermia de su acción, como lo ha denunciado de manera reiterada la directora de la “Corporación para la Excelencia de la Justicia” contando para ello con el reconocimiento del Ministerio de Justicia y la corroboración del Banco Mundial, que la ubica como una de las más lentas de Latinoamérica.

Sin embargo su legitimidad y corrección, no pueden ser mancilladas por falencias administrativas que distan mucho de las nocivas acciones realizadas por el ejecutivo en su contra.

Estas sí, están contribuyendo a darle argumentos a la perversa actitud de los criminales, con el obvio daño que tal conducta acarrea.