Como se ha venido debatiendo profusamente en los medios y lo evidencia la generalizada opinión de la comunidad, la justicia en Colombia ha llegado a intolerables niveles de ineficiencia cada vez más distanciados de los esperados en un país moderno, al punto que los términos promedio en que aquí se resuelven los litigios, superan por mucho los que prescriben las normas procedimentales, de por sí generosos y dilatados.

Causando con ello  el grave detrimento del normal funcionamiento de la sociedad en su conjunto, dificultando los cambios requeridos para el logro del mejor futuro que merecemos y tornando en quimera la paz que todos anhelamos.

Circunstancia ante la cual sus estamentos directivos encabezados por el Ministro del ramo, el tolimense Alfonso Gómez Méndez, sugieren fragmentarias fórmulas de reforma de bajo impacto en tan crítica situación, con lo cual contribuyen a incrementar la ya acentuada pérdida de credibilidad en esta rama del poder público y al consecuencial crecimiento de la impunidad y el delito, haciendo surgir por doquier diversas formas de justicia privada, magnificando, -si cabe-,  el clima de violencia que ya harto nos agobia.

Desconociendo que para la verdadera corrección de su rumbo, la justicia demanda una reforma pero de naturaleza “sistémica”, es decir que comprenda el conjunto todo de los insumos que la conforman, con miras a obtener su plena y real eficacia.

Porque es el sistema de manera integral, el que determina cómo se comportan cada una de sus partes y no a la inversa: ¡ Y el sistema es el que no marcha !

Así las cosas, -y de eso estamos ciertos- una fragmentada visión del problema como la que tienen los altos dignatarios del poder judicial y sus rectores administrativos, solo va a paliar temporalmente el problema que estamos observando, sin darle cabal solución.

No se puede ignorar que la segmentación para estudiar y tratar de componer cada una de las partes del aparato de justicia de manera aislada, solo lleva a la pérdida de información, preciosa para su cabal comprensión, cosa que no ocurriría si se abarcara el fenómeno integralmente, abordándolo con una visión totalizante como hemos dicho.

Lo demás es ir contra una lógica que ya desde la antigüedad griega, Aristóteles en su metafísica nos enseñó, al afirmar que “el todo es mayor y más complejo que la suma de sus partes”, noción que lleva implícita la idea que el sistema forma una unidad que tiene características y dinámica propias, las cuales no se encuentran en cada una de sus partes aisladamente apreciadas.

La educación de la ciudadanía en general, el conjunto normativo que parte de la Constitución, los alcaldes y personeros municipales, la policía, los inspectores, los notarios, las diferentes oficinas encargadas de los registros, las autoridades de tránsito, los entes de control, los jueces de todos los niveles, la Fiscalía, los magistrados de los varios tribunales, las Cortes, el Consejo de Estado y Superior de la Judicatura, el sub-sistema penitenciario, su régimen administrativo, sus presupuestos equipos y dotaciones, las leyes, la academia en la que sobresalen las facultades de derecho y los medios de comunicación, entre otros, conforman los insumos de tal sistema y hacen parte integral de él, el que a su vez se nutre del medio social en el que se inserta.  

Aclarando que el sistema justicia, -que debe incluir todas y cada una de tales partes integrantes-, no puede considerarse como la simple suma o agregación de dichos elementos, sino como un todo, puesto que configura una entidad nueva, diferente a sus componentes, en cuanto incluye las relaciones, los vínculos y las interacciones que se dan entre ellos, en procura de un propósito claramente predeterminado.

Tal la verdadera dimensión de la justicia que deben visualizar los que aspiran a ser sus reformadores. Lo demás es precario y mal serviría al propósito.