Cosa que no se da en nuestra patria inmortal, pese a la existencia de multiplicidad de instancias y procedimientos diseñados para tal fin, desde la protección de la vida honra y bienes de los habitantes del país, función básica de la Policía y tarea preventiva por excelencia que encarnan los uniformados, hasta las entidades encargadas de “la vigilancia y control” de todo el actuar de nuestra frondosa burocracia, bautizados por la picaresca local como “las ias”, en alusión a la idéntica terminación fonética de sus nombres: personería, contraloría y procuradurías varias, al igual que las diversas Superintendencias, entre las que se encuentra la Financiera, que reemplazó en reciente fecha a la Bancaria de antaño.

Prevención que no se da, algunas veces por incompetencia, otras por complicidad con el delito y las más de las ocasiones, por negligencia de los encargados de realizarla, tal como lo está denunciando el Procurador Alejandro Ordoñez que ocurrió con la encargada de vigilar y controlar las finanzas entre nosotros, de cara a la cuantiosa defraudación de la empresa “Interbolsa”, que ya supera la cifra de los 300 mil millones de pesos.

Como que la Superintendencia de aquel sector, acuciosa en distintos menesteres y en otras ocasiones, esta vez y sin justificación alguna, faltó a su deber de denunciar ante la Fiscalía las numerosas operaciones fraudulentas de Alessandro Corridori para valorizar las acciones de Fabricato, pese a haber tenido conocimiento de ellas con suficiencia, varios meses antes de adoptar decisión alguna al respecto.

Y para justificar tan censurable comportamiento y tan grave omisión, el Ministro de Hacienda y el propio Jefe del Estado salieron en defensa del Superintendente Financiero señalándolo como “el funcionario más capacitado para hacer lo que está haciendo” y calificándolo de “intachable servidor público, de alta idoneidad técnica y ética”, intentando con ello desmeritar la sanción de destitución e inhabilidad por 12 años que le impuso el Procurador, como funcionario competente para juzgar la falta.

El típico caso de que en las altas esferas del poder se estima que la justicia en este país no debe operar en todos los casos con igual severidad y presteza, con algo más grave aún: que el aparato sancionatorio del Estado, debe ceder ante las indebidas presiones del Gobierno y cubrir con su manto, el abuso de la posición dominante de algunos miembros del sector financiero en la continuación de la historia de la avaricia, la usura y el afán de enriquecimiento que han sido condenados desde siempre y en el mundo entero como “una imperdonable ofensa a la moralidad pública”.