La precarización del estado nacional es una tendencia en aumento en el mundo político contemporáneo.

Como lo ha venido corroborando la conducta recientemente asumida por múltiples comunidades locales del orbe, a la que hoy se puede agregar a Ucrania que ha manifestado colectivamente su vehemente aspiración de reducir su condición de estado nacional para ingresar a la comunidad europea, rompiendo con el viejo esquema de dependencia que su gobierno ha pretendido conservar con Rusia y con el que pretende mantenerla en estado de aislamiento cultural y económico.

Y la que para Cataluña -la primera economía de España-, apenas anteayer propusieron varios de sus partidos políticos, al convocar a los ciudadanos habilitados para votar a un referendo para el 9 de noviembre de 2014, con el fin de decidir de una vez por todas su total autonomía, como una obligada consecuencia del odioso imperio centralista que por centurias ha ejercido Madrid en injusto desmedro de los intereses regionales y con clara discriminación de su cultura y sus valores.

Circunstancias que nos deben mover a reflexión sobre la estructura política de nuestro país para ver de operar un cambio radical en la manera como en él se están tomando las decisiones que afectan lo regional y lo local, obligando a los gobernantes de la provincia a realizar obligadas peregrinaciones a Bogotá en procura de recursos -ya generosos, ya magros- y orientación por parte del poder central, como paso indispensable para viabilizar su accionar administrativo.

En contravía de las corrientes descentralizadoras que como se dijo, recorren la geografía universal a lomo de un pensamiento que predica el privilegio de lo local por sobre lo nacional y del espíritu de la Constitución Política del 91 entre nosotros, en la que sus redactores pretendieron encontrar el punto de convergencia dentro de la diversidad del país que sustituyera la rígida concepción centralista de la Carta del 86, que nos gobernó por más de una centuria.

De cara a lo que la Nación hizo, en oposición al mandato del inciso 3° del artículo 360 de la Carta Constitucional de 1991 y en un acto de acendrado contenido centralista, al privar a la provincia de los recursos provenientes de las regalías sobre las cuales estas venían soportando su relativa autonomía.

Haciendo inocuo, el nuevo pensamiento político que procuró para Colombia la prevalencia de la capacidad decisoria de los departamentos y municipios, sin perjuicio de la autoridad central, con miras a lograr la satisfacción de las verdaderas necesidades locales por sobre el omnímodo poder de la capital.