El ser algo evidente y como tal constitutivo de “un hecho notorio”, me exime de tener que acudir a acreditarlo probatoriamente, para poder afirmar sin temor alguno a errar, que “la mora” constituye la más típica de las características de la justicia colombiana de hoy, bien sea si se juzga bajo parámetros cuantitativos mirando el número de procesos que resuelve cada año, o en términos de oportunidad mediante el análisis del momento en que los fallos se profieren para “dar a cada quien lo suyo”, lo que equivale a decir que esta institución, -la más importante de las que operan la sociedad colombiana-, es ineficiente e ineficaz y sus frutos distan mucho de la justicia realmente “justa” que el país requiere.
El centrarnos a buscar la causa fundamental de sus falencias en el recurso económico y creer que su solución está en la parte presupuestal, es lo que ha terminado por tornar de difícil solución tal situación, impidiendo ver que “la vera razón” de su mayor carencia está en la irracionalidad de sus procedimientos, como lo puede certificar cualquiera que haya tenido que oficiar entre las barandas y los pasillos de los hiperbólicamente llamados “Palacios de Justicia”.
Y que lo más grave de dicha situación está en que los millares de procesos represados no evidencian una pronta solución, pese a que en ello reside el verdadero caldo de cultivo del desorden y la violencia que nos azota impiadosamente en todos los rincones patrios, ya que el ciudadano del común ante tal estado de inacción del aparato jurisdiccional, se acostumbró a hacer justicia por “propria manu”, con todo lo que ello implica.
Tal circunstancia y de cara a la reforma que adelanta aquí y ahora el Gobierno bajo la dirección de su ministra del Ramo, Dra. Margarita Cabello, nos ha llevado a pensar, ¿por qué razón, si un expedito procedimiento como el que hoy existe para la “Acción de Tutela”, ha resultado idóneo para brindar en todos los niveles del aparato de justicia, eficaz y oportuna salvaguarda a los derechos fundamentales del individuo, no se pueden establecer procedimientos iguales de sumarios y de imperioso acatamiento, para darle protección adecuada a los restantes derechos del colombiano?
El exceso de racionalismo en que han caído las Cortes y las alambicadas formas procedimentales que ha diseñado un legislador fuera de contexto, si bien persiguen de buena fe la protección del individuo y sus derechos, son las que han logrado la desprotección y el desamparo de la sociedad en su conjunto, constituyéndose en alambrada hostil de garantías que impide la oportuna y eficaz prestación del servicio de justicia, lo cual impone la profunda renovación de numerosas concepciones jurídicas de las que hoy operan en la práctica, heredadas del pasado y que ya no encuentran justificación ni arraigo en el presente.
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