El valor de la transversalidad del espacio público

Pocas cuestiones urbanas ostentan la transversalidad que representa el espacio público en la experiencia de la ciudad.

Lo encontramos directamente relacionado con el tejido residencial y la vivienda, necesario para promover la proyección desde el espacio íntimo hacia la ciudad en su conjunto. Sus vínculos con la accesibilidad y la movilidad parecen en ocasiones hablar de la misma cosa porque es a través de ellas que es posible que ocurra el encuentro ciudadano, y por tanto, son parte del mismo lugar. Como atributo urbano indica la existencia de calidades y cualidades del hábitat, del medio ambiente y por consiguiente, de la vida misma. En definitiva, sea cual sea el método de aproximación para entenderlo, coincidiremos en que es el espacio para la práctica ciudadana, donde se escenifican relaciones, deberes y derechos en un ámbito físico y simbólico cuyo fin último es promover la igualdad.

En ese orden de ideas, las Encuestas de Percepción Ciudadana del 2012, recientemente publicadas, demuestran entre otras cuestiones, el nivel de inconformidad de los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos, si bien no existe una consciencia plena sobre el valor que implica contar con un espacio público de calidad. Aunque en los indicadores pueden escaparse algunas cuestiones fundamentales como el valor estético del paisaje construido, inherente al espacio público, la elocuencia con la que los encuestados valoran con solo el 18 por ciento de favorabilidad al espacio público de Ibagué, encierra no sólo una actitud crítica, sino un valor añadido oculto, y es la condición innata de la naturaleza humana a reclamar su derecho a la ciudad, ya defendido por Lefebvre en los setentas y retomado en recientes alianzas multilaterales entre países.

Según datos del 2012, el 64 por ciento de los encuestados indicaron su nivel de insatisfacción sobre parques y zonas verdes públicas, valor que no es sólo alarmante por lo elevado, sino porque se ha incrementado en relación a los dos años anteriores a pesar de que la ordenación del territorio tiene como mandato la función pública del urbanismo. Sorprende que solo el 42 por ciento del total de encuestados, la mayoría de estratos 1, 2 y 3, manifiesten tímidamente con este valor su grado de insatisfacción sobre andenes y separadores cuando son escasas las manzanas de dichos barrios que permiten un tránsito continuo de los peatones, sin tener que recurrir a esfuerzos físicos para sobrepasar obstáculos por cambios de nivel, invasión de andenes, mal estado de la construcción, etc.; sin olvidar la injusticia que supone para las personas con movilidad reducida y la carencia de pasos peatonales. Lo más preocupante aun, es que lo anterior es un problema generalizado de la ciudad y pareciera que los ciudadanos en su conjunto están condenados a habitar barrios con vías, andenes, jardines y parques sin mantenimiento hasta llegar a normalizar la situación.

Las cifras son alarmantes, no solo para el espacio público, donde se condensan las aspiraciones del ocio, la recreación, la cultura y el diálogo. El espacio público debe ser interpretado como el eje estructurante de la ciudad que hace parte de un sistema complejo, articulado a la movilidad y a la accesibilidad, así como a la calidad del tejido residencial y los vínculos que este requiere consolidar con cualquier otro sector de la ciudad. De no hacerlo, estaremos prescindiendo paulatinamente a la posibilidad de propiciar lugares para el encuentro entre ciudadanos, en un marco de equidad que propicie el disfrute de espacios con calidad urbanística, arquitectónica y ambiental.

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