Para que todo siga igual

Augusto Trujillo

La administración de justicia y el funcionamiento de la seguridad ciudadana son dos temas básicos para cualquier persona en cualquier sitio del mundo. La vida cotidiana puede tornarse invivible, si no existen garantías mínimas tanto en materia de justicia como de seguridad.
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En Colombia son, probablemente, los dos problemas más agudos, más sentidos, más urgentes de resolver para el ciudadano común, pero también los que menos atención han recibido del Estado y de los gobiernos, durante el presente siglo. Como se sabe, la impunidad se acerca al 95% y, en lo corrido del presente año, han muerto cerca de sesenta dirigentes locales, sin incluir cifras relacionadas con el paro y las movilizaciones sociales del último mes.

Un Estado de Derecho montado sobre una Constitución garantista como la de 1991, acerca en el mejor sentido las visiones jurídica y política. Pero una cosa es esa relación necesaria, incluso conveniente, y otra la politización de la justicia o la judicialización de la política. Esta perversión nos lleva a un debate sobre conveniencias o sobre intereses. Pero ambas cosas son ajenas a las prácticas del buen gobierno.

En los últimos cincuenta años, la única reforma -buena o mala- a la administración de justicia que merece ese nombre, es la de la Asamblea Constituyente. Las demás -antes y después del 91- fueron interferidas por conveniencias y por intereses, a los cuales no son ajenas las mismas altas cortes. Por eso, las múltiples reformas aprobadas después del 91 solo han servido para que todo siga igual, incluyendo esta última que se discute en la actual legislatura.

Me temo que algo semejante va a ocurrir con la anunciada reforma a la Policía Nacional, que parece mucho más un mal maquillaje que una buena modernización. La única modificación notable será el cambio de uniforme de los miembros de la Policía. Probablemente es lo más costoso y lo menos necesario. Pero la fuerza seguirá dependiendo del ministerio de defensa, al cual se le crea un viceministerio de seguridad ciudadana, que suena bastante ajeno a la función de la defensa de la soberanía y de las fronteras nacionales.

Una reforma en las fuerzas de Policía debe consultar las necesidades propias de las entidades territoriales y, en particular de los municipios, no solo por la naturaleza local de la función de Policía, sino porque es allí donde se siente más y mejor el impacto de una buena seguridad, o se nota más su ausencia con sus secuelas en la vida cotidiana y en la tranquilidad familiar. Por ese aspecto clave pasa el déficit secular que registra Colombia en materia de administración de justicia y de funcionamiento de la seguridad ciudadana.

El gobierno nacional anunció, al mismo tiempo, una “modernización” del Ministerio de Defensa y una “transformación integral” de las fuerzas de Policía. Ese enfoque ya es equivocado, pues se trata de dos cosas que, por su misma naturaleza, se deben pensar en forma más independiente que complementaria. Pero, como se decía de los Borbones, nuestros gobiernos ni aprenden, ni olvidan. Seguimos improvisando reformas y, en esa medida, resulta imposible pensar siquiera, que estamos construyendo país.

AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ

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