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Históricamente es tan conocida la debilidad de su cancillería como la mala gestión de distintos cancilleres. Gracias a ambas cosas el país ha perdido cerca de un millón de kilómetros cuadrados en tierra firme, buena parte de su mar territorial, las islas de Mangle, el archipiélago de los Monjes y hasta un valioso tesoro quimbaya que uno de nuestros jefes de Estado le regaló a una reina de España sin autorización y sin contraprestación alguna.
La Comisión de Relaciones Exteriores, integrada por los expresidentes de la República, ha sido, históricamente también, una buena consejera para el presidente en ejercicio, en cuanto se refiere a políticas de Estado. Hoy, sin embargo, no funciona, pues las relaciones entre los expresidentes han llegado a un grado de deterioro, que algunos de ellos ni siquiera se saludan. Además, el actual gobierno declaró una suerte de guerra ideológica a Venezuela, desde el mismísimo día de su inicio, en un error que, me temo, no hubiera cometido un dirigente políticamente experimentado. La frontera colombo-venezolana es una de las más extensas y activas del subcontinente. La población que se mueve en torno a ella tiene sus afectos y sus intereses en ambos lados, de manera que su libre movilización es prioritaria, trascendente, vital. Esa guerra puede ser declarada por los Estados Unidos, en virtud de sus dinámicas de potencia universal; o por Chile que tiene miles de kilómetros de por medio con Venezuela. Pero Colombia no puede jugar con la suerte de sus centenares de ciudadanos de frontera.
La dictadura venezolana es oprobiosa y sus dirigentes son personajes bastante menores. Pero si esa es la razón para suspender las relaciones con el vecino país, habría que hacer lo mismo con Cuba, con Nicaragua, con China. Incluso con los Estados Unidos de Trump, con el Brasil de Bolsonaro, con el Salvador de Bukele. Con ninguno de estos países tiene fronteras el nuestro, de manera que la decisión no afectaría a tantos colombianos cuya suerte debería ser prioritaria para su gobierno. Según informaciones de la cadena alemana Deutsche Welle, cada seis horas es asesinada una persona en los estados venezolanos que tienen frontera con Colombia. La gente vive en la zozobra, el tráfico ilegal -incluyendo el de personas- crece en forma constante y grupos de civiles armados colombianos deciden quién puede cruzar y quien no, de uno a otro lado. En semejante escenario de barbaridades los dos gobiernos, incapaces de controlar sus territorios, se complacen en mostrar sus diferencias. Claro, los aplauden solo quienes, allá y aquí, no tienen relación alguna con la aguda problemática fronteriza.
Por eso resulta prudente y sensata, la iniciativa aprobada en el Congreso Nacional. Su presidente, el senador Juan Diego Gómez, solicitó a su homólogo de la Asamblea venezolana integrar sendas comisiones que gestionen un proceso de conversaciones parlamentarias. Se trata de un asunto comercial, explicó, propio de dos países fronterizos. El gobierno reaccionó con virulencia invocando razones que dejan intacta la dramática situación de los habitantes de la frontera. Pero refuerzan una confrontación que solo es útil a la cúpula de los dos gobiernos, porque les sirve para ocultar sus mutuas carencias.
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