Senador
En una pesadilla económica para los colombianos se puede convertir la denominada Ley de Financiamiento presentada por el Gobierno nacional. Con esta nueva reforma tributaria se pone en juego la canasta familiar de millones de familias, que no tendrán más opción que someterse a una restricción obligatoria en la compra de sus alimentos y disminuir ostensiblemente su capacidad de consumo.
Esta iniciativa, que prefiero denominarla ‘Ley de desfinanciamiento del bolsillo de los colombianos’, por no decir ‘Atraco tributario’, resulta injusta, desproporcionada y descabellada, especialmente para los estratos 1, 2, 3 y 4.
Pasar de un 53% a un 80% los productos de la canasta familiar que pagarían una estandarización del 18% de IVA es un exabrupto que va en contravía de la lógica de la demanda de alimentos, bienes y servicios. Se estima que hoy más de 400 productos componen la canasta familiar de nuestros compatriotas y que se estructuran en nueve grandes grupos: productos de carácter alimenticio, vestuario, salud, educación, vivienda, diversión, transporte, comunicaciones y otros gastos.
Algunos de estos ya pagan un IVA del 19%, otros el 5%, con lo cual la nueva medida que estandarizaría el IVA en 18% no solo aumentaría el costo de algunos artículos que ya pagan menor tributo, sino que afectaría los precios finales de los productos que son de alta prioridad para todos los ciudadanos.
Si bien, esta ley busca solventar el hueco fiscal del país, la cura puede ser peor que la enfermedad, pues llevaría a muchos hogares a declararse en crisis, porque con el promedio de sus ingresos tendrán que solventar los mismos gastos, pero un 18% más costosos.
Sin duda, quienes devengan un salario mínimo tendrán repercusiones más negativas, ya que directamente un 10% de sus ingresos estarían enmarcados en el pago del impuesto al momento de comprar: Arroz, harina, pan, papa, carne de res, pollo, cerdo, huevos, leche, etc.
Otros efectos negativos recaerían también en la venta de vivienda usada, pues una modesta casa de $60 millones pasaría a costar unos 70 millones, lo que paralizaría el mercado inmobiliario.
De otra parte, el Gobierno plantea una compensación tributaria para personas que están por debajo del salario mínimo, lo cual es una medida ligera y poco visionaria, ya que propiciará que las familias demuestren menores ingresos para acceder a dicho beneficio, con lo cual este mecanismo solamente se convertiría en un beneficio populista, sesgado y poco eficiente.
Desde esta tribuna y como legislador conmino al Gobierno a buscar alternativas como una mayor austeridad en el gasto, un exhaustivo control al contrabando y fortalecer la Dian para combatir efectivamente la evasión.
Lo fundamental es no afectar los principios económicos de los trabajadores y ciudadanos del común, pues lo que menos necesita la Nación hoy es una tiranía tributaria que profundice las brechas sociales ya existentes.
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